Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) evidenció una baja aplicación de sanciones en los casos de mal uso de licencias médicas al interior del sector público. De acuerdo con el reporte, elaborado con datos actualizados al 31 de diciembre de 2025, solo el 1% de los funcionarios involucrados ha sido destituido, pese al alto número de irregularidades detectadas.
Según el documento, se identificaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, las que involucran a 29.270 funcionarios públicos, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República.
Del total de casos investigados, solo 1.543 procedimientos disciplinarios han sido cerrados. De ellos, 262 concluyeron con la destitución del funcionario, mientras que la mayoría terminó en sanciones de menor entidad, como:
- 584 censuras
- 65 suspensiones
- 55 multas
El informe advierte que estas cifras reflejan una brecha significativa entre la magnitud del problema y las medidas disciplinarias efectivamente aplicadas.
Principales irregularidades detectadas
Las causales más frecuentes de incumplimiento de reposo médico fueron:
- Salidas del país durante la licencia: 33%
- Realización de actividades en servicios públicos regionales: 35%
- Asistencia a casinos de juego: 21%
Estas conductas fueron detectadas mediante cruces de información administrativa y fiscalizaciones posteriores.
Alto costo fiscal y sumarios en curso
El impacto económico también es relevante. La Dipres estimó que el Estado pagó $36.876 millones en remuneraciones a funcionarios que se encontraban con licencias médicas cuestionadas. En promedio, las ausencias tuvieron una duración de 22,1 días.
En cuanto al estado de los procesos, el informe señala que más de 26 mil sumarios administrativos fueron instruidos, pero 21.098 aún se encuentran en tramitación. Además, más de mil funcionarios renunciaron antes de que se iniciaran formalmente los procedimientos disciplinarios en su contra.
El reporte vuelve a poner en el centro del debate la efectividad de los mecanismos de control y sanción en el sector público, así como la necesidad de acelerar los procesos disciplinarios para evitar impunidad y proteger el uso correcto de los recursos fiscales.