La Zona Franca de Iquique S.A. salió a precisar antecedentes sobre el proceso de renovación de su contrato de concesión, luego de las informaciones y opiniones surgidas en los últimos días.
Mediante una declaración pública, la empresa señaló que el análisis sobre el futuro del sistema franco no es reciente, ya que se desarrolla desde 2018, con el objetivo de enfrentar los desafíos de modernización, competitividad y desarrollo territorial, además de entregar certeza jurídica a las inversiones de largo plazo.
ZOFRI recordó que en 2023 se consultó formalmente a la Contraloría General de la República, organismo que confirmó que la renovación anticipada del contrato es jurídicamente procedente. Según la compañía, esto permite proyectar a Iquique y a las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota como una plataforma logística relevante para el Cono Sur.
Asimismo, indicó que durante 2025, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se desarrolló el proceso “Diálogos Zona Franca”, impulsado por el Laboratorio de Gobierno, que incluyó la participación de más de 100 actores, entre usuarios, trabajadores, gremios y autoridades locales y regionales. De ese trabajo surgieron diagnósticos y recomendaciones que hoy sirven de base para el nuevo contrato y su plan de inversiones.
La empresa confirmó que el 4 de febrero de 2026, el directorio aprobó la renovación de la concesión hasta el año 2050, decisión informada a la Comisión para el Mercado Financiero mediante un hecho esencial. La firma del contrato, precisaron, está condicionada a la aprobación del Plan de Inversiones por parte de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Dicho plan contempla inversiones superiores a los 115 mil millones de pesos, orientadas a elevar los estándares de la concesionaria, fortalecer el ecosistema de usuarios y generar empleo, manteniendo el aporte del 15% a las once comunas de Tarapacá y Arica y Parinacota, mecanismo que ha significado más de $200 mil millones en transferencias para desarrollo territorial.
Finalmente, ZOFRI afirmó que se trata de un proceso institucional y transparente, con etapas claramente definidas, y que continuará informando oportunamente a accionistas, usuarios, autoridades y a la opinión pública, conforme a la normativa vigente.