Un aumento en las denuncias ingresadas ante la Superintendencia de Educación se registró en la Región de Tarapacá durante el año 2025, según estadísticas oficiales actualizadas al 31 de diciembre de 2025. De acuerdo con los antecedentes, la región acumuló un total de 747 denuncias, cifra superior a las 620 registradas en 2024, lo que representa un incremento de más del 20% en un año.
En total, el sistema contabiliza 1.367 denuncias en el período analizado, considerando los años 2024 y 2025, lo que evidencia un alza sostenida en los reclamos ingresados por la comunidad educativa en la región.
El desglose por dependencia administrativa de los establecimientos educacionales muestra que la mayor parte de las denuncias corresponde a colegios particulares subvencionados, que concentraron 63,7% en 2024 y 59,8% en 2025 del total regional.
En segundo lugar se ubican los establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que pasaron de 21,8% en 2024 a 25,4% en 2025, evidenciando un aumento en la proporción de reclamos asociados a la educación pública.
Los establecimientos municipales también registraron un alza, alcanzando 5,9% de las denuncias en 2025, mientras que los particulares pagados concentraron entre 5% y 6% del total en ambos años.
Problemas de convivencia lideran los reclamos
En cuanto al ámbito de las denuncias, la gran mayoría está vinculada a problemas de convivencia escolar, que concentraron 78,2% de los reclamos en 2024 y 77,4% en 2025, manteniéndose como la principal causa de denuncias ante la Superintendencia de Educación en Tarapacá.
Otros ámbitos con presencia relevante corresponden a la gestión técnico-pedagógica y la gestión técnico-administrativa, mientras que los reclamos por infraestructura, admisión, seguridad e higiene, y recursos materiales aparecen en porcentajes menores, aunque con una leve alza en algunos casos durante 2025.
Las cifras dan cuenta de una tendencia al aumento de denuncias en la región, particularmente en materias relacionadas con la convivencia escolar, lo que plantea desafíos tanto para los establecimientos educacionales como para los organismos fiscalizadores y las comunidades educativas.
Desde la Superintendencia de Educación han reiterado que las denuncias constituyen una herramienta formal para resguardar los derechos de estudiantes, apoderados y trabajadores del sistema educativo, y permiten detectar oportunamente situaciones que requieren fiscalización o medidas correctivas.
