Este lunes la Corte Suprema confirmó la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI) en el marco de una investigación en su contra por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
No obstante, el máximo tribunal solamente ratificó los primeros tres ilícitos, no incorporando a la solicitud de desafuero el delito tributario interpuesto por querella del Servicio de Impuesto Internos (SII).
Con la confirmación del desafuero, el Ministerio Público queda facultado para formalizar al parlamentario y, si lo estima necesario, solicitar medidas cautelares personales.
En la audiencia, el máximo tribunal escuchó los alegatos del Ministerio Público, representado por Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, querellantes y defensa del diputado. En su fallo, la corte dio luz verde para que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente formalice al diputado.
Tras la audiencia de este lunes, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos, dijo que lo que corresponde ahora es que “ahora el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva” y agregó que “hubo otra petición que conforme a derecho pueda corresponder el mérito de antecedentes”.
“Son antecedentes que nos permite y la habilita de que cuando se produzca una audiencia de formalización poder pedir medidas cautelares personales, tal como indicáramos los hechos son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando en otros términos de fraude al fisco respecto a asignaciones parlamentarias por un monto superior a $104 millones, respecto de la cual hay falsificación de uso, respecto de elementos de facturas, las cuales fueron presentadas ante comillas a cobro al Congreso Nacional, los cuales fueron pagadas, así que el Ministerio Público se encuentra sumamente satisfecho con el hablar de la Corte Suprema”, añadió.
La investigación penal abarca delitos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, la rendición de boletas ideológicamente falsas y la creación de un software de gestión de trabajo territorial y de base de datos que se habría financiado con fondos del Congreso Nacional.
Además, la revisión ante la Suprema se produce luego de que el 16 de octubre de 2025 la Corte de Apelaciones acogiera la solicitud de desafuero, tras analizar los antecedentes vinculados a la alteración de fechas en rendiciones de facturas y a la anulación con posterior reembolso improcedente de fondos públicos.