Una usuaria de una residencia de la Red de Salud Mental denunció a la directora del Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam) Tamarugal, Priscilla Pizarro, y a la directora del Servicio Salud Tarapacá, María Paz Iturriaga, ante la Fiscalía y la Contraloría acusando que ambas están involucradas en un caso de presunta estafa y “omisión de denuncia” que afectó a una mujer en situación de discapacidad intelectual.
De acuerdo a información recabada por Radio Paulina, la denuncia fue ingresada en la Fiscalía Local de Iquique el pasado 26 de febrero y detalla que entre 2023 y 2024, la funcionaria Pizarro se desempeñaba como Coordinadora de la Residencia Protegida N°1 de Iquique y bajo ese cargo supuestamente habría asumido la administración del patrimonio de la denunciante.
Según la afectada, Pizarro habría usado sus claves y tarjetas bancarias, realizando presuntamente giros y transferencias por cerca de $6.000.000, sin entregar una rendición de cuentas o algún beneficio para la propietaria. Asimismo, se le acusa de tomar bajo su control un inmueble de la mujer, percibiendo rentas de arrendamiento cuyo destino y cantidad se desconocen.
En el caso de Iturriaga, la usuaria denuncia un “encubrimiento u omisión” de su parte, ya que supuestamente el 12 de febrero, la titular del Servicio de Salud Tarapacá habría tomado conocimiento de que Pizarro mantenía en su poder instrumentos financieros de la víctima que fueron entregadas de manera informal en dependencias de la dirección.
Sin embargo, la autoridad presuntamente no habría interpuesto la denuncia obligatoria ante el Ministerio Público dentro del plazo legal, pese a la gravedad de los antecedentes.
A juicio de la denunciante, estos hechos podrían ser constitutivos de delitos como administración desleal, malversación de caudales públicos, fraude o abuso contra una persona con discapacidad y omisión del deber de denuncia por parte de funcionarios públicos. Esto último por el actuar de Iturriaga y por una presunta “falta de comunicación” de estos hechos a la justicia.
Citación a declarar y levantamiento del secreto bancario
Con el fin de esclarecer estos hechos, la afectada solicitó al Ministerio Público que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones (PDI) tome declaración a las denunciadas.
De hecho, el Ministerio Público confirmó a este medio que se envió una orden de investigar a la BRIDEC. La unidad encargada de indagar ilícitos que afectan el patrimonio deberá realizar las diligencias correspondiente por la denuncia presentada hace tan sólo una semana.
En el caso de la directora del Servicio de Salud Iquique, se pidió a la Fiscalía que la cite a declarar para detallar las medidas tomadas tras la supuesta entrega de las tarjetas bancarias en las dependencias de la institución el pasado 12 de febrero.
También se requirió al Servicio de Salud Tarapacá una copia de los registros de residencia y protocolos de custodia de bienes de la usuaria afectada, además del levantamiento del secreto bancario de la ex coordinadora para rastrear el destino de los $6.000.000.
Sumario administrativo y auditoría técnica-financiera
Paralelamente, la usuaria interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) y solicitó una fiscalización e instrucción de un sumario administrativo por infracciones al principio de probidad administrativa, administración irregular de bienes de terceros bajo custodia estatal y omisión del deber de denuncia.
En detalle, la entidad deberá iniciar una fiscalización y auditoría para verificar la existencia o falta de procesos investigativos internos ante los antecedentes informados el 12 de febrero de 2026.
También se pidió instruir un sumario administrativo para determinar las presuntas responsabilidades de Pizarro e Iturriaga por una “eventual omisión de medidas legales y administrativas”.
Por último, la denunciante solicitó realizar una auditoría técnica-financiera sobre la administración de sus bienes durante el periodo mencionado y oficiar al Ministerio Público para que inicie la investigación penal de estos mismos hechos.
Al consultar sobre estas denuncias, desde el Servicio de Salud Tarapacá indicaron a Radio Paulina que una vez conocidos los antecedentes, de inmediato, se inició un proceso investigativo que aún se encuentra en curso, por lo que no se pueden entregar detalles de este sumario.
En este sentido, la entidad confirmó que la directora María Paz Iturriaga inició un sumario para establecer las posibles responsabilidades administrativas mencionadas en la denuncia.
Versión de la ex coordinadora y directora del Cosam Tamarugal
Sobre estas acusaciones, la funcionaria pública aludida señaló que “esta situación desde hace tiempo ha generado un daño psicológico ejercido por el jefe de la unidad donde antes me desempeñaba con quien tenía diferencias de opinión y ejercía su autoridad por contactos teniendo un grado 5 como alta dirección que actualmente todavía percibe”.
Pizarro señaló que en los hogares y residencias mencionadas, los usuarios están invisibilizados “sin tener espacios de inclusión e inserción a la sociedad. Lamento mucho este tema porque con la usuaria había un cariño, confianza y yo era su única red de apoyo”.
“Por 15 años he trabajado en el servicio público y nunca he estado involucrada en situaciones graves. Pero más grave me parece que hoy por haber asumido un cargo que me gané concursando a través de un llamado abierto aparezcan este tipo de noticias”, añadió.
La excoordinadora también manifestó que esta situación y la exposición hacia su persona ha afectado a su familia, además descartó tener vínculos con la política y las malas prácticas que realizan algunos funcionarios del Servicio de Salud.
“Siento que hoy mi familia está sufriendo, que está conformada por mi hija de 18 años y mi hija de 4 años. Es difícil esta exposición, pero yo no tengo que ver con política y todas las cosas horribles que hacen muchos funcionarios del Servicio de Salud para mantener esos cargos de operadores políticos”, añadió.