La salida del Superintendente de Educación Superior desató una fuerte controversia política, luego de que se produjera pocos días después de que el organismo sancionara a la Universidad San Sebastián por irregularidades en el uso de recursos.
Según antecedentes del caso, la Superintendencia detectó pagos de sueldos considerados “fuera de mercado” a figuras con vínculos políticos, entre ellas Marcela Cubillos y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
Desde la oposición, parlamentarios de centroizquierda calificaron la salida como un “pase de factura”, acusando que se trataría de una represalia directa por la fiscalización a una institución vinculada históricamente a sectores de derecha.
En esa línea, apuntaron a un supuesto “proteccionismo político” por parte del Gobierno.
Desde el Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast descartaron cualquier vínculo entre la sanción y la salida de la autoridad.
Según señalaron, la decisión responde a un proceso normal tras el cambio de mando, con el objetivo de conformar equipos de confianza para implementar el denominado plan de gobierno.
La polémica se instala en medio del inicio de la nueva administración, tensionando la relación entre el Gobierno y la oposición en materia educacional.
El caso también reabre el debate sobre la autonomía de los organismos fiscalizadores y su rol frente a instituciones de educación superior.