La diputada independiente IND-UDI por Tarapacá, Ximena Naranjo, ofició a la Contraloría General de la República luego de la publicación del Consolidado de Información Circularizada, CIC N°22, que reveló millonarios gastos municipales en celebraciones durante 2024 y 2025.
El informe, dado a conocer el pasado 6 de abril, advierte que distintas municipalidades del país destinaron más recursos a actividades festivas que a ayudas sociales dirigidas a personas naturales.
En Tarapacá, la situación afecta particularmente a las comunas de Alto Hospicio, Pozo Almonte y Huara, las que figuran entre aquellas donde el gasto en celebraciones superó la inversión social, con diferencias que incluso sobrepasan los 90 millones de pesos.
“Esto no ocurre en comunas que estén nadando en abundancia. Estamos hablando de territorios donde hay carencias, donde muchas familias viven con lo justo y donde el Estado muchas veces llega tarde. Por eso duele más, porque genera una sensación de abandono que se profundiza cuando vemos este tipo de decisiones”, afirmó la parlamentaria.
Naranjo sostuvo que no se trata de cuestionar la realización de actividades comunitarias, sino de exigir criterios claros respecto del uso de los recursos públicos.
“Las celebraciones pueden ser parte de la vida comunitaria, pero nunca pueden transformarse en una prioridad por sobre la ayuda social. Cuando eso ocurre, hay una señal equivocada que la ciudadanía percibe con mucha claridad”, indicó.
La diputada recordó que el informe de Contraloría señala que estos gastos deben ajustarse a criterios de eficiencia y economicidad, y estar orientados al cumplimiento de objetivos municipales.
Asimismo, el organismo anunció eventuales fiscalizaciones y exámenes de cuentas a los municipios que no se ajusten a la normativa vigente.
Frente a ello, Naranjo solicitó formalmente a Contraloría que informe si las municipalidades de Alto Hospicio, Pozo Almonte y Huara serán objeto de fiscalización, además de precisar los plazos y acciones contempladas.
“Lo mínimo que esperan los vecinos es que sus recursos se usen con sentido común. Aquí hay adultos mayores esperando apoyo, familias que necesitan ayuda urgente y sectores completos que siguen postergados. Frente a eso, ver que eventualmente se gastó más en celebraciones que en asistencia social genera molestia, frustración y una legítima sensación de injusticia”, señaló.
Finalmente, la diputada aseguró que continuará ejerciendo una labor fiscalizadora frente al uso de recursos públicos.
“No podemos normalizar este tipo de situaciones. Nuestro deber es estar del lado de las personas, exigir transparencia y asegurar que cada peso público se destine a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, concluyó.