La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó dos acuerdos en los que expresó su preocupación por el impacto del alza de los combustibles y del transporte público en las regiones, cuestionando la decisión del Ejecutivo de modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Mepco, mediante decreto y no a través de una ley.
El acuerdo número 3 fue respaldado por 74 votos a favor y 66 en contra. El texto advierte que la modificación del Mepco podría traducirse en un aumento de entre 380 y 580 pesos por litro en los combustibles, lo que tendría efectos directos en el costo de vida de las personas.
La iniciativa, impulsada por el diputado Matías Fernández, sostiene que el alza afectará no solo a quienes utilizan vehículos particulares, sino también al transporte interurbano, los pasajes aéreos y el traslado de mercancías, lo que terminará encareciendo alimentos, productos básicos y servicios.
El documento advierte además que las regiones extremas y aisladas enfrentarán un impacto proporcionalmente mayor, debido a su dependencia del transporte terrestre y aéreo. En ese sentido, critica que el Gobierno haya anunciado medidas de mitigación para la Región Metropolitana, como el congelamiento de tarifas del transporte público, sin detallar mecanismos equivalentes para el resto del país.
En paralelo, la Cámara aprobó el acuerdo número 4 por 74 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones. La propuesta fue presentada por el diputado Luis Alberto Cuello y se refiere al Plan de Congelamiento de Tarifas del Transporte Público para Regiones.
Según el documento, el congelamiento de pasajes se aplicaría principalmente en zonas reguladas, rurales y servicios especiales, pero persisten dudas respecto de qué ocurrirá con los sectores de transporte no regulado. También se advierte que el beneficio se implementaría de manera segmentada, sin garantizar cobertura universal para todos los usuarios.
El texto agrega que el Ejecutivo no transparentó si existen recursos suficientes para extender el beneficio a todos los territorios ni explicó los criterios técnicos para excluir a servicios interurbanos y zonas no reguladas, como ocurre en sectores de San Antonio, Cartagena y el litoral central.
Finalmente, la Cámara pidió al Gobierno garantizar que la protección tarifaria tenga un alcance universal y resguarde la equidad en el acceso a subsidios estatales para todas las regiones del país.