La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la revisión del proyecto del Gobierno para reajustar el salario mínimo, iniciativa que introduce un cambio respecto a la propuesta inicial al establecer un aumento en dos etapas, vinculado a la evolución de la inflación.
El inicio del debate estuvo marcado por fuertes cuestionamientos. La diputada Gael Yeomans (FA) calificó la propuesta como “una burla” para los trabajadores, señalando que el monto es significativamente menor al planteado previamente en conversaciones con la CUT.
Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) planteó que el reajuste debe analizarse en el contexto de la reactivación económica y la generación de empleo formal, advirtiendo sobre los altos niveles de informalidad y desempleo.
En tanto, el presidente de la comisión, José Carlos Meza (REP), sostuvo que la discusión se da en un escenario económico complejo, marcado por contracción, aumento del desempleo y alta informalidad, especialmente entre jóvenes y mujeres.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Patricio Pinilla también criticó el monto propuesto, calificándolo como insuficiente frente al alza del costo de la vida y llamando a un debate más profundo.
Por su parte, el secretario general de la CUT, Eric Campos, cuestionó la propuesta del Ejecutivo, señalando que el reajuste es insuficiente frente al aumento del costo de vida y pidió un diálogo más transparente, junto con medidas de apoyo a las pymes.
Cómo será el reajuste
El proyecto contempla que, en una primera etapa, el sueldo mínimo aumente desde los $539 mil a $546.546, equivalente a un alza de 1,4%, correspondiente a la variación del IPC entre enero y marzo de este año.
Posteriormente, en enero de 2027, se aplicaría un segundo reajuste según la inflación acumulada entre abril y diciembre, que podría alcanzar cerca de un 2,6%, de acuerdo con proyecciones del Banco Central.
Próximos pasos
La iniciativa también establece que el Ejecutivo deberá presentar un nuevo proyecto de reajuste a más tardar en junio de 2027, fijando una hoja de ruta para la próxima administración.
El proyecto continuará su tramitación en el Congreso, en medio de un intenso debate político y económico.