El Gobierno presentó una indicación legislativa que obligaría a instituciones de salud, educación y previsión a entregar antecedentes de migrantes irregulares a las autoridades, con el fin de avanzar en procesos de identificación y expulsión.
La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión del proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas en la comisión de Gobierno del Senado.
La medida establece que organismos públicos y privados vinculados a salud, previsión y educación deberán entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones cuando éstos sean requeridos en el marco de procesos migratorios en curso.
De aprobarse la norma del Ejecutivo, entidades como Fonasa, Isapres, las AFP, hospitales y establecimientos educacionales estarán obligados a proporcionar información de los migrantes que se encuentren sujetos a investigaciones o procedimientos migratorios, tales como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos relevantes.
Desde La Moneda explicaron que el objetivo de esta medida es aprovechar las instancias de contacto entre migrantes irregulares y el Estado para avanzar en su identificación y facilitar eventuales expulsiones.