Una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Alto Hospicio, junto a la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, permitió la detención de dos imputadas que lideraban una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Las víctimas eran captadas en Colombia, ingresadas de manera irregular al país y mantenidas bajo un sistema de control económico en un domicilio de Iquique.
La investigación se inició tras la recepción de una denuncia anónima a través del programa “Denuncia Seguro” por un presunto delito de secuestro, lo que motivó diversas diligencias desarrolladas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Tarapacá junto a la Policía de Investigaciones, las cuales permitieron establecer que el inmueble denunciado funcionaba como un prostíbulo clandestino.
Con estos antecedentes, la fiscal Camila Albarracín gestionó una orden de entrada y registro al domicilio, diligencia realizada el pasado 5 de junio. En el lugar se encontró a las víctimas y se incautó diversa evidencia, entre ella, siete teléfonos celulares utilizados para coordinar servicios sexuales y una máquina de pago electrónico.
Posteriormente, el análisis de la evidencia incautada y las declaraciones permitieron vincular esta investigación con una causa iniciada el año 2025 y establecer que una de las mujeres presentes en el inmueble actuaba como colaboradora directa de la líder de la organización, siendo detenida en el marco del allanamiento. Las diligencias continuaron y permitieron detener a la segunda imputada, correspondiente a la líder de esta organización, en un segundo allanamiento efectuado el 11 de junio en un domicilio de Alto Hospicio.
En las audiencias de formalización respectivas, la fiscal expuso que, al menos durante los meses de mayo y junio de 2026, las imputadas colombianas K.T.G.B. y M.F.S.J., junto a otros sujetos cuya identidad aún se investiga, captaron en Colombia a las víctimas y, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad económica, les ofrecieron trabajo en Chile, ocultándoles las verdaderas condiciones del viaje y la actividad que deberían realizar una vez llegaran al país.
De acuerdo con la investigación, las imputadas coordinaron el traslado de las víctimas desde Colombia hasta Perú y, posteriormente, su ingreso clandestino a Chile por pasos no habilitados en la comuna de Arica, trayecto en el cual las víctimas permanecieron bajo vigilancia. Una vez en Chile, fueron trasladadas hasta un inmueble ubicado en calle Serrano de Iquique, administrado por la imputada K.T.G.B., donde las víctimas eran obligadas a asumir una deuda por conceptos de traslado, alimentación, alojamiento y otros gastos fijados unilateralmente por las imputadas. Esta deuda aumentaba constantemente y debía ser saldada mediante la realización de servicios sexuales, manteniéndolas bajo un permanente sistema de control económico y dependencia que restringía su libertad para abandonar el lugar.
Por solicitud del Ministerio Público, ambas imputadas quedaron en prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación, periodo durante el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para identificar a los demás integrantes de esta red de trata de personas con fines de explotación sexual.