La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, declarando ha lugar el libelo por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.
Con este resultado, la acción impulsada por parlamentarios de oposición avanzará al Senado, instancia que deberá actuar como jurado y resolver si acoge o rechaza la acusación.
Durante la sesión, el diputado Benjamín Moreno, encargado de sostener el libelo, argumentó que el caso trasciende una discusión técnica sobre proyecciones fiscales y apunta al cumplimiento de deberes legales y constitucionales por parte de la exautoridad.
Según planteó, existieron incumplimientos relacionados con el traspaso de recursos para la gratuidad universitaria y programas de infraestructura escolar, además de cuestionamientos al financiamiento del reajuste del sector público.
“El tema deja de ser solo un mal resultado fiscal y se transforma en un problema de cumplimiento de deberes”, sostuvo el parlamentario.
Por su parte, el abogado Patricio Zapata, representante de Nicolás Grau, defendió a la exautoridad señalando que la acusación busca transformar diferencias respecto a la conducción económica del gobierno anterior en una causal de destitución.
Asimismo, recordó que el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo descartó la existencia de una inconsistencia aritmética en las proyecciones fiscales cuestionadas por la oposición.
“Lo que corresponde preguntarse es si el exministro Nicolás Grau violó alguna ley o alguna norma constitucional”, afirmó el jurista.
El debate también evidenció divisiones políticas respecto al alcance de la acusación.
Mientras parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos, UDI, Renovación Nacional y el Partido de la Gente respaldaron el libelo argumentando incumplimientos en materia de probidad, transparencia y responsabilidad fiscal, legisladores del oficialismo y parte de la oposición cuestionaron la utilización de una acusación constitucional para sancionar decisiones de carácter técnico y político.
Previo a la votación del fondo, la Cámara rechazó la denominada cuestión previa presentada por la defensa, que buscaba declarar inadmisible la acusación por no cumplir los requisitos constitucionales.
Tras la aprobación, la Cámara designó a los diputados Pier Karlezi, Benjamín Moreno y a la diputada Paulina Muñoz para representar a la corporación y sostener la acusación ante el Senado.
La Cámara Alta deberá fijar próximamente una sesión especial para escuchar los argumentos de la acusación y la defensa antes de emitir un veredicto definitivo.