El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales varias disposiciones del proyecto de ley de Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales frente al aumento de hechos de violencia escolar.
La decisión se conoció luego de que el organismo analizara los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y de la Democracia Cristiana, quienes cuestionaron diversos aspectos del proyecto aprobado por el Congreso.
Uno de los principales puntos objetados por el TC fue la norma que obligaba a los establecimientos educacionales a contactar a Carabineros o a la Policía de Investigaciones cuando un estudiante se negara a la revisión de su mochila y sus apoderados no concurrieran al establecimiento dentro del plazo establecido.
Asimismo, el tribunal declaró inconstitucional la disposición que facultaba a funcionarios de Carabineros o de la PDI para revisar vestimentas y pertenencias de estudiantes sin una orden previa del Ministerio Público.
Otro aspecto revisado fue la prohibición de utilizar accesorios o vestimentas que impidan la identificación facial. Si bien el TC no cuestionó la restricción de manera general, sí declaró inconstitucional parte de la norma respecto de elementos asociados a creencias religiosas, al estimar que podría afectar la libertad de culto y de conciencia.
En materia de convivencia escolar, el organismo también rechazó la definición amplia de conductas que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades educativas, incluyendo la interrupción parcial o total de clases. Según el tribunal, la redacción carecía de límites claros y podría generar vulneraciones a derechos fundamentales de los estudiantes.
Además, el TC objetó la norma que establecía una inhabilidad de cinco años para acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior a personas condenadas por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, la propiedad o la infraestructura pública.
Con esta resolución, el proyecto deberá ajustarse a las observaciones realizadas por el Tribunal Constitucional antes de su eventual promulgación.
La decisión representa un revés para una de las principales iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad escolar, aunque mantiene vigentes otras disposiciones orientadas a fortalecer la convivencia y la protección dentro de los establecimientos educacionales.