La Comisión de Minería y Energía del Senado inició el estudio del proyecto de ley “Ordenemos las cuentas”, iniciativa que busca regularizar las deudas generadas por el retraso en los procesos tarifarios eléctricos, ampliar el subsidio para los hogares más vulnerables y fortalecer la seguridad del sistema de distribución.
La propuesta, que se encuentra en segundo trámite constitucional tras ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, fue presentada por la ministra de Energía, Ximena Rincón, durante la última sesión de la comisión.
La presidenta de la instancia, la senadora Yasna Provoste, informó que durante los próximos días se desarrollará una ronda de audiencias con distintos actores del sector eléctrico, con el objetivo de votar la idea de legislar el próximo 21 de julio.
Entre los principales ejes del proyecto figura la regularización de la deuda acumulada por el retraso en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, cuyo desfase alcanzó hasta 43 meses y generó obligaciones cercanas a 900 millones de dólares.
La iniciativa propone que las reliquidaciones sean pagadas por los clientes regulados entre 2028 y 2035, aprovechando la disminución esperada en las cuentas de electricidad durante esos años.
Además, contempla la posibilidad de revisar, por una única vez y de manera voluntaria, contratos de suministro suscritos en condiciones más costosas, con el objetivo de reducir el componente de energía en las tarifas eléctricas.
El proyecto también extiende el subsidio eléctrico durante 2027 para el 40% de la población más vulnerable, destinando 120 millones de dólares anuales, recursos que permitirán mantener el beneficio para cerca de dos millones de hogares.
Otro de los aspectos considerados es el fortalecimiento de la protección para los pacientes electrodependientes, estableciendo la obligación de que los Servicios de Salud informen a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre las personas certificadas, facilitando su incorporación al registro nacional.
Finalmente, la iniciativa amplía las facultades del Estado para adoptar medidas preventivas frente a riesgos de interrupción del suministro eléctrico y enfrentar las debilidades detectadas en la infraestructura de distribución tras los recientes cortes masivos registrados en el país.