La Sala del Senado aprobó durante el martes la solicitud del presidente de la República para prorrogar por 90 días más el decreto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar las áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
La prórroga fue aprobada por 36 votos a favor y uno en contra. Además, los senadores de Tarapacá, Danisa Astudillo (PS) y Renzo Trisotti (Republicanos), apoyaron la medida.
Previo a la votación del proyecto, el parlamentario Trisotti destacó que el porcentaje de reconducciones en la frontera ha superado el 73%, demostrando una capacidad de respuesta significativamente más alta que en años anteriores. Esto sugiere que sería un error retirar el despliegue militar en este momento.
Por su parte, la senadora Astudillo reconoció que la medida es una herramienta útil, pero transitoria para el control fronterizo. En este sentido, criticó al Gobierno por no cumplir su promesa de establecer una institucionalidad permanente y eficaz para la seguridad en la frontera, ya que se sigue dependiendo de medidas excepcionales.
La legisladora de oposición anunció que enviará un oficio al ministro del Interior, Claudio Alvarado, solicitando información sobre el avance del Plan Escudo Fronterizo y advirtió que Chile no debe acostumbrarse a gestionar sus fronteras mediante prórrogas, ya que la seguridad fronteriza requiere una política de Estado y no una solución temporal.
La extensión permitirá mantener el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de resguardar las fronteras del país frente a desafíos ligados a la migración irregular y organizaciones criminales.
La medida vigente vence el próximo 6 de agosto de 2026. Para extenderla, la Constitución exige el acuerdo del Congreso Nacional. Tras el respaldo de la Cámara de Diputados, el Senado también apoyó la solicitud del Ejecutivo.
La prórroga busca reforzar la vigilancia de la frontera, controlar el ingreso por pasos no habilitados y detectar delitos en la macrozona norte. También apunta a proteger la vida y la integridad física de las personas migrantes y de quienes viven en las comunidades fronterizas.
Asimismo, permite coordinar los recursos humanos, tecnológicos y logísticos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones. El Ejecutivo plantea que este despliegue fortalece la presencia del Estado, ayuda a enfrentar delitos transnacionales y dificulta el ingreso de organizaciones criminales.
