La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió el miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de una investigación por una serie de presuntos delitos relacionados a los 53 días de bloqueos y hechos que habrían afectado la seguridad del país vecino.
El exmandatario es investigado por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
En concreto, se ordena a los funcionarios policiales asignados al caso a “aprehender y conducir” a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción.
La orden señala que la investigación fue abierta a denuncia del Comité pro Santa Cruz y posteriormente se sumó una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno, asumida por el ministro boliviano, Marco Oviedo.
La orden de detención se respalda en que dichos delitos están sancionados en el Código Penal de Bolivia. Los denunciantes sostienen que, durante los más de 50 días de protestas registrados en el país altiplánico, Evo Morales promovió las movilizaciones contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, buscando que el actual mandatario renuncie a la presidencia.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, expresó que todas las órdenes de aprehensión hay que ejecutarlas, y que eso ya es trabajo estrictamente de la Policía Boliviana.
Por su parte, Morales rechazó la nueva orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y aseguró que el Gobierno busca desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
A través de sus redes sociales, el expresidente sostuvo que las acusaciones en su contra buscan generar un nuevo tema de atención pública en lugar de resolver los problemas que enfrenta la población.
Morales concluyó su pronunciamiento señalando que la nueva orden de aprehensión no modificará su postura política.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, expuso.
Cabe mencionar que la primera orden de aprehensión en contra de Morales fue emitida en octubre de 2024 por el presunto delito de trata agravada, dentro de un proceso abierto en el departamento de Tarija, por haber sostenido una relación de pareja con una menor de edad, misma con la que habría tenido un hijo, cuando era presidente de Bolivia.