El Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, emitió una declaración pública en reacción a nuestra nota “Seremis de Kast en Tarapacá reciben sueldos hasta un 83% por sobre los del Gobierno anterior”, publicada este martes 28 de julio, referida al monto de las remuneraciones de los secretarios regionales ministeriales de la región.
Agradecemos la respuesta. Es exactamente el debate que buscábamos abrir, pero ante la declaración del Ejecutivo se hace necesario poner las cosas en su lugar, porque el comunicado gubernamental focaliza en una acusación que este medio no ha formulado.
La declaración sostiene que nuestra publicación “instala la idea de que las actuales autoridades regionales incrementaron sus propias remuneraciones al asumir sus cargos”, para rematar indicando que “esa afirmación es incorrecta”. Seremos claros: no hay tal afirmación por parte Radio Paulina, lo que configura un error en el comunicado del Gobierno. Tampoco es nuestra tarea hacernos cargo de interpretaciones como la que plantea la Delegación en su comunicado.
Nuestro titular es preciso: los seremis “reciben” sueldos hasta un 83% por sobre los del gobierno anterior.
Quienes han leído la nota, línea por línea, podrán advertir que en ningún párrafo se afirma que los seremis de Kast se fijaron el sueldo a sí mismos (algo que ni siquiera pueden hacer). Lo planteado es que asumieron en marzo con remuneraciones brutas muy superiores a las de sus antecesores y que lo hicieron en el mismo momento en que el Gobierno le hablaba a la ciudadanía de una crisis financiera del Estado y de la necesidad de un ajuste fiscal, para luego aplicar importantes recortes al gasto social, acción por todos conocida. Ello terminó y sigue afectando directamente a la ciudadanía con mayores necesidades de la nación.
El origen normativo de los incrementos no hace desaparecer el desequilibrio entre lo planteado a la ciudadanía, con todos los efectos que ello ha acarreado, versus lo que ocurre con los sueldos de autoridades que solo es posible a partir de impuestos que aporta esa misma ciudadanía.
No poner el foco en el punto planteado es no entender el porqué de la enorme crisis de credibilidad que tiene a los políticos en lo más bajo de la evaluación ciudadana, todos hartos de lo visto en prácticas, por ejemplo, como las abusivas dietas parlamentarias, caso donde se generó un cambio, aunque cosmético, a partir del debate público.
Antes de publicar la nota este medio cumplió con el deber periodístico de consultar a la autoridad. El 28 de julio, a las 14:10 horas, Radio Paulina envió un correo formal al equipo de comunicaciones de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, formulando una pregunta concreta: “¿Qué explica el incremento de remuneraciones de hasta un 83% en algunas seremis de Tarapacá, aumento aplicado durante este Gobierno?”.
No obtuvimos respuesta antes del cierre editorial y posterior publicación de la nota. La declaración pública del Gobierno llega recién este miércoles, al día siguiente, una vez que la nota ya había sido publicada y generado la repercusión que ha tenido, y sin mencionar que fueron consultados y no contestaron.
Dejamos constancia de aquello, porque el orden de los hechos importa: primero preguntamos, en privado y por la vía formal; pero el pronunciamiento vino después y por la vía del comunicado, a partir de la reacción ciudadana.
Y aquí está el punto que la declaración, aun llegando tarde, prefirió no tocar: los tarapaqueños escuchan que no alcanza, que hay que apretarse el cinturón, que el Estado está en una situación fiscal estrecha y que por eso se recortan recursos en áreas sociales. Ese es el discurso oficial, bajando desde el Ministerio de Hacienda.
¿Cómo explicamos, entonces, la aplicación rigurosa de lo determinado por la Comisión para la Fijación de Remuneraciones a quien espera ser atendido en el hospital, a la persona que recibe el sueldo mínimo o al funcionario que deberá hacer malabares para cumplir su función por la reducción del presupuesto?
La pregunta editorial nunca fue quién firmó la resolución de aumento de remuneraciones. Si de verdad estamos en la crisis que el propio Gobierno ha descrito hasta el hartazgo, ¿por qué nadie —ni desde el Gobierno, ni desde la Comisión, ni desde quien tuviera la facultad de hacerlo— movió un dedo para contener aumentos de remuneraciones de hasta un 83%? La normativa contempla mecanismos, el Gobierno tiene voz y voto en Hacienda y nada de eso se activó. Se optó por pagar, por recibir con complacencia y, ahora, por explicar.
Una autoridad que se declara en emergencia económica y a la vez ejecuta sin objeción la planilla más alta de la historia reciente para sus seremis no está siendo víctima de una ley heredada: está tomando una decisión política sobre dónde poner y dónde no poner el ajuste que le exige al resto.
Y, ante esa disyuntiva, Radio Paulina tiene claro dónde debe estar.