El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, reveló que los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Seguridad Pública, Martín Arrau, lo llamaron para ofrecerle disculpas luego de la controversia generada por el anuncio del Ejecutivo sobre el proyecto de construcción de la nueva Prefectura Provincial de la Policía de Investigaciones (PDI) en Iquique.
En entrevista con Radio Paulina, la autoridad afirmó que ambas autoridades se comunicaron con él tras la actividad realizada el pasado viernes por la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Desarrollo Social y Familia, donde se anunció la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) para la iniciativa y se destacó una inversión de 35.307 millones de pesos.
“Conversé con los ministros Alvarado y Arrau, que me llamaron, y debo decirlo públicamente, pidiendo disculpas por lo que había ocurrido”, sostuvo el gobernador.
Carvajal explicó que su principal cuestionamiento no apunta a la obtención de la RS, sino a la forma en que fue presentada ante la opinión pública, ya que —según afirmó— el proyecto aún está lejos de iniciar su ejecución.
“La Recomendación Satisfactoria corresponde a una evaluación técnica, no significa que el proyecto esté financiado ni que su construcción esté asegurada”, señaló.
El gobernador aclaró que el Gobierno Regional financió la etapa de diseño del futuro cuartel policial, pero aseguró que la ejecución de la obra aún no ha sido aprobada.
“Nosotros no tenemos ningún proyecto aprobado en etapa de ejecución. Lo que seguramente se recuerda es la aprobación del diseño de la iniciativa, que fue financiado con recursos del Gobierno Regional. Hoy estamos recién en la etapa que permitiría avanzar hacia la ejecución”, explicó.
En esa línea, sostuvo que todavía no existe un convenio de programación entre la PDI y el Gobierno Regional que establezca el porcentaje de recursos que aportará cada institución.
“Ni siquiera existe un convenio entre la PDI y el Gobierno Regional donde exista un compromiso presupuestario de cuánto va a poner cada una de las instituciones”, afirmó.
Agregó que ese convenio deberá ser revisado por la Dirección de Presupuestos, posteriormente pasar por los controles administrativos correspondientes y, finalmente, ser sometido a la aprobación del Consejo Regional, organismo que tendrá la última palabra respecto al aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Para Carvajal, el anuncio realizado por el Ejecutivo fue prematuro y generó expectativas que, a su juicio, todavía no pueden sostenerse.
“Se saltaron muchos pasos para hacer un anuncio que nos pareció un poquito imprudente”, afirmó.
La autoridad explicó que proyectos de infraestructura de gran envergadura suelen experimentar importantes variaciones presupuestarias entre la obtención de la RS y su ejecución, citando como ejemplo la restauración de la ex Aduana y la Escuela de Vaquedano.
Incluso, sostuvo que los 35.307 millones de pesos informados actualmente podrían no corresponder al costo definitivo del proyecto cuando llegue el momento de licitar las obras. “Es muy probable que el proyecto tenga que reevaluarse. No sería algo extraño; ocurre habitualmente con este tipo de iniciativas”, indicó.
Asimismo, estimó que el proceso administrativo pendiente podría retrasar el inicio de la construcción por uno o incluso dos años.
“Nos enteramos por la prensa”
Otro de los cuestionamientos formulados por el gobernador dice relación con la forma en que se comunicó la obtención de la RS.
Según afirmó, el Gobierno Regional —que ha participado en el desarrollo de la iniciativa junto a la PDI— no fue informado previamente del anuncio.
“Nosotros nos enteramos, entre comillas, por la prensa de que había existido una Recomendación Satisfactoria, siendo la institución que estaba liderando la iniciativa”, sostuvo.
En ese contexto, manifestó su sorpresa por el punto de prensa realizado por el Ejecutivo y cuestionó que se presentara la iniciativa como si su financiamiento ya estuviera resuelto.
Durante la entrevista, Carvajal también anunció que el Gobierno Regional analizará presentar una consulta ante la Contraloría General de la República para esclarecer si existió algún tipo de intervención improcedente en el proceso de obtención de la Recomendación Satisfactoria.
Lo anterior, luego de que durante la presentación del proyecto se diera a entender —según dijo— que el actual Gobierno habría acelerado la aprobación de la RS. “Si existió algún intervencionismo, nosotros hoy día lo queremos consultar a la Contraloría, porque sería delicado que una autoridad diga que gestionó un RS y pase por sobre la institucionalidad. Técnicamente eso no puede suceder”, afirmó.
En ese sentido, agregó que la Delegación Presidencial Regional no tiene atribuciones dentro del Sistema Nacional de Inversiones, por lo que insistió en la necesidad de respetar los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de proyectos.
Pese a sus críticas, Carvajal enfatizó que el Gobierno Regional mantiene su compromiso con la construcción de la nueva Prefectura Provincial de la PDI y aseguró que la iniciativa ha sido impulsada durante varios años en conjunto con la institución policial.
Asimismo, indicó que el proyecto forma parte de las iniciativas consideradas dentro del Plan de Zonas Extremas y que el Gobierno Regional continúa trabajando junto a la PDI para avanzar en su materialización.
No obstante, insistió en que aún quedan etapas fundamentales antes de hablar de una obra financiada.
“Tenemos que respetar la institucionalidad. Se hizo un anuncio bombástico de algo que todavía no va a ocurrir. Este proyecto todavía tiene un tramo bastante largo para su materialización”, concluyó.