El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a modificar plazos y mecanismos para facilitar acuerdos durante su tramitación en el Congreso.
La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, además de herramientas especiales para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.
Arrau explicó que uno de los principales objetivos es establecer constitucionalmente la seguridad pública como deber del Estado y contar con mecanismos más efectivos para perseguir a organizaciones criminales.
El ministro defendió además la creación de un listado de organizaciones criminales que permita establecer un régimen penitenciario más estricto para sus integrantes.
Respecto de los cuestionamientos al plazo de 120 días contemplado para algunas medidas, Arrau sostuvo que el Ejecutivo está disponible para reducirlo o incorporar controles más frecuentes si existe acuerdo entre los parlamentarios.
“Todo se puede conversar con tal de que podamos seguir adelante con esa reforma”, afirmó.
El titular de Seguridad también respondió a quienes han calificado la propuesta como autoritaria, señalando que el debate debe considerar la realidad de sectores donde las personas enfrentan restricciones producto del narcotráfico, las extorsiones y el crimen organizado.
“Pareciera que hablamos de un país ideal muchas veces cuando se critican estas reformas, pero se desconoce la realidad”, sostuvo.
Pese a la defensa de la iniciativa, Arrau confirmó que la reforma no tendrá prioridad inmediata en la agenda legislativa. El Gobierno buscará avanzar primero en proyectos relacionados con uso de la fuerza, infraestructura crítica, fortalecimiento de Carabineros y la PDI, además de la Ley Orgánica de Gendarmería.