La contralora general de la República, Dorothy Pérez, defendió el derecho de la ciudadanía a fiscalizar el desempeño de autoridades y funcionarios públicos, señalando que quienes trabajan para el Estado deben estar disponibles para ser escrutados respecto de sus funciones y del uso de recursos públicos.
Durante un seminario sobre integridad pública, Pérez utilizó como ejemplo una solicitud de acceso a la información recibida por la propia Contraloría, en la que una persona pidió conocer qué actividades había desarrollado la contralora durante una determinada jornada, dónde había estado y qué funciones había cumplido.
Para Pérez, este tipo de requerimientos son legítimos y forman parte de un Estado abierto, considerando que las remuneraciones, recursos utilizados y labores desempeñadas por quienes ejercen funciones públicas están sujetos al escrutinio ciudadano.
“El financiamiento de un día de trabajo de quien les habla es público. Ya tenemos que estar dispuestos a ser escrutados a fondo y, si uno no quiere ser expuesto a eso, tiene que buscarse otro trabajo”, sostuvo la contralora.
La discusión también abordó la situación de los municipios y los mecanismos destinados a fortalecer la probidad, profesionalización y control en las administraciones comunales.
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, planteó la necesidad de modernizar las estructuras municipales y avanzar hacia modelos que permitan contratar personal de acuerdo con las necesidades de cada comuna.
“Modernizar porque tenemos un Estado setentero con una generación milenial, trabajando con cierto organigrama de cada una de las municipalidades en donde lo que se necesite contratar es lo que necesite la comuna”, afirmó.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini, señaló que cualquier modificación al empleo público debe resguardar el interés general.
“Siempre el sector público tiene que velar en aras del interés general, siempre poniendo lo colectivo por sobre lo individual. Tenemos que avanzar en generar por lo menos un estándar ético mínimo”, indicó.
Debate por reforma al empleo público
Las declaraciones se producen mientras el Gobierno analiza una reforma al empleo público, orientada a introducir modificaciones en la administración del Estado y avanzar en mayores niveles de profesionalización y eficiencia.
Desde la Comisión de Integridad Pública han planteado que el desafío no pasa únicamente por introducir nuevas normas, sino también por fortalecer una cultura de probidad y transparencia que contribuya a recuperar la confianza en las instituciones.
En ese contexto, la contralora puso el énfasis en que quienes desempeñan funciones financiadas con recursos públicos deben asumir que su actuación puede ser objeto de fiscalización y escrutinio ciudadano.