Con arraigo nacional quedó el subprefecto fronterizo de Tarapacá, Rodrigo Hidalgo, tras ser formalizado este lunes por el delito de obtención indebida de un subsidio, conocido como “fraude de subvenciones”. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.
Según el Ministerio Público, la causa comenzó por un control interno de Carabineros que descubrió que un funcionario había presentado documentos falsos para solicitar un subsidio “sin tener derecho para aquello”.
El fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Iquique, Pablo Medina Álvarez, indicó que el imputado, responsable del control del área fronteriza, presentó un certificado de residencia falso para obtener una Asignación por Cambio de Residencia, conocido como “subsidio de guarnición”.
El beneficio se le entrega a los carabineros cuando son trasladados de forma obligatoria a una nueva guarnición y considera un aporte económico para costear la mudanza y el asentamiento.
Sin embargo, el uniformado habría presentado un certificado de residencia que señalaba que vivía en un lugar donde realmente no residía. Lo anterior llevó a la formalización del funcionario público por el delito de fraude de subvenciones.
“Presenta un certificado de residencia que da cuenta que vivía en un lugar donde realmente no vivía, y el beneficio que le correspondía era un pago que realiza Carabineros, un subsidio por lo que ellos denominan cambio de guarnición, cuando un funcionario policial es trasladado de una comuna a otra”, agregó el persecutor.
La audiencia se desarrolló en la mañana de este lunes en el Juzgado de Garantía de Iquique tras una solicitud del fiscal a cargo de la causa. Según la petición del Ministerio Público, el delito imputado, en calidad de autor, fue presuntamente cometido en febrero pasado en la ciudad de Iquique.
De acuerdo a la notificación del tribunal, el subprefecto fue “informado detalladamente del hecho que se le imputa y de los antecedentes que obran en su contra, y además en conocimiento de los derechos que la ley contempla en su favor”.
De hecho, el funcionario público fue apercibido y se le tomó declaración el pasado 27 de julio, además, Hidalgo fijó un domicilio para que sea notificado de las resoluciones del tribunal.