El Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó en La Moneda la ley que amplía los plazos de flagrancia y entrega nuevas herramientas a las policías para actuar durante las primeras horas posteriores a la comisión de un delito. La normativa corresponde a la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, despachada por el Congreso.
La principal modificación aumenta de 12 a 24 horas el denominado “tiempo inmediato” para efectos de la flagrancia cuando la detención sea realizada por Carabineros o la Policía de Investigaciones. En el caso de la Autoridad Marítima, el plazo podrá extenderse hasta 48 horas, mientras que se mantienen las 12 horas cuando la detención sea practicada por otras personas.
Durante la promulgación, Kast sostuvo que la modificación busca entregar un mayor margen de acción ante casos en que la identificación de un eventual responsable se produce mediante cámaras de seguridad, teléfonos celulares u otros antecedentes obtenidos después de cometido el delito.
“Este es un paso adicional para un Chile más seguro, que va enmarcado dentro de lo que es la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que hemos buscado acelerar en estos meses”, afirmó el mandatario.
La ley también incorpora nuevas actuaciones autónomas para las policías durante las primeras diligencias. Carabineros y la PDI podrán solicitar, sin instrucción previa del fiscal, la entrega voluntaria de registros obtenidos por cámaras de comercios, viviendas o testigos.
Asimismo, podrán requerir información de georreferenciación destinada a localizar a eventuales responsables u objetos relacionados con un delito. Cuando una persona entregue voluntariamente estos antecedentes deberá levantarse un acta, mientras que si se niega, la policía tendrá que informar al fiscal. Los funcionarios también deberán garantizar la integridad y custodia de los registros obtenidos.
Otro de los cambios reconoce expresamente a la Autoridad Marítima como auxiliar del Ministerio Público cuando actúe en el ejercicio de sus funciones de policía marítima.
Esto permitirá realizar determinadas actuaciones autónomas y controles de identidad en naves, artefactos navales y recintos portuarios, además del mar territorial y aguas interiores. La extensión especial de la flagrancia a 48 horas considera las mayores distancias y dificultades de desplazamiento que pueden existir en este tipo de procedimientos.
La iniciativa se originó en una moción presentada en diciembre de 2023 y su tramitación concluyó en septiembre, luego de que una Comisión Mixta resolviera las diferencias surgidas entre ambas cámaras. El Senado aprobó el informe el 8 de septiembre y posteriormente la Cámara respaldó el texto, dejándolo en condiciones de convertirse en ley.
La ampliación de 12 a 24 horas del plazo de flagrancia había sido además uno de los compromisos anunciados por Kast durante su Cuenta Pública del 1 de junio, cuando informó que el Ejecutivo daría urgencia a la iniciativa.