Durante la discusión de la Partida 23 del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el Ministerio Público expuso ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos sus principales reparos a la propuesta del Ejecutivo.
En la instancia, el fiscal nacional, Ángel Valencia, cuestionó los recortes contemplados en la Fiscalía y advirtió que estas modificaciones podrían afectar su autonomía constitucional, al obligarlo a recurrir a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para autorizar determinados recursos y decisiones.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como “gravísimo” que el Ejecutivo condicione esos recursos, y consideró que “abrir esta ventana” puede generar consecuencias.
“Me parece gravísimo. Una de las herramientas más frecuentes que tienen los gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los ministerios públicos, esto a nivel regional, que normalmente son autónomos, es el control presupuestario, el castigo presupuestario o el premio presupuestario”, dijo Valencia en la comisión.
El fiscal nacional dijo entender que exista un “punto de vista de la eficiencia”, pero señaló que “no se está advirtiendo la consecuencia”. Además, dio cuenta sobre los riesgos de depender de la Dipres para decisiones financieras.
“El riesgo de esto es que, si en algún momento yo necesito tomar una decisión de mandar algunos fiscales a Colombia, y me falte plata, tenga que ir a la Dipres a pedirle la autorización. ¿Cómo le explico si tengo reserva legal y la Dipres no es interviniente? (…) ¿Y si tengo la prohibición expresa incluso hasta de hablar de la existencia de la investigación y el Ministerio de Hacienda no es interviniente?”, se preguntó.
Otro de los puntos planteados por Valencia tiene relación con la capacidad de respuesta del Ministerio Público frente al aumento de las denuncias. Por eso, el fiscal nacional planteó que el aumento de dotación no permitirá reducir la sobrecarga, sino solamente frenar la velocidad con que continúa aumentando.
Las proyecciones de la institución estiman que durante 2026 los ingresos de causas superarán por primera vez los 2 millones, con un incremento cercano al 7% respecto de 2025, con una carga promedio nacional de aproximadamente 2.542 causas por fiscal.