Este viernes, el Ministerio Público formalizó la investigación contra el alcalde de la comuna de Chillán, Camilo Benavente Jiménez, por dos hechos de presunto fraude al Fisco, en el denominado caso “Medialuna”, que implicó un perjuicio por $2.100 millones.
La Fiscalía sostiene que el imputado contraviniendo las normas y principios que debe cumplir, actuando contra el interés general y en razón de su cargo de alcalde decidió adquirir el predio denominado Medialuna de Chillán, ubicado en el sector Schleyer de la comuna.
La transacción con el dueño, la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno, fue por 3.276 millones 160 mil pesos, ocasionando una pérdida al patrimonio municipal y fiscal por 1.900 millones de pesos, ya que no usó una tasación fidedigna.
La fiscal de Chillán, Nadia Espinoza Caro, expuso que el 9 de noviembre de 2021 se reunió el concejo municipal y aprobó suscribir los contratos de promesa y compraventa del inmueble, por el monto ya mencionado, y recién un mes después se realizaron las tres tasaciones ordenadas por el municipio. “A nuestro entender este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó”, precisó la fiscal.
Un segundo hecho imputado se refiere a que el alcalde Benavente acordó restituirle a la sociedad vendedora las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales y demás enseres de la medialuna, omitiendo esta información al concejo municipal cuando aprobó la compraventa. “Dichas especies tenían un valor económico y su valor se incluyó en el precio pactado, defraudando con ello al patrimonio municipal por cerca de 200 millones de pesos”, expuso la fiscal en la audiencia de formalización.
La magistrada del Juzgado de Garantía de Chillán, Claudia Madsen Venegas, suspendió la audiencia, hasta el lunes a las 8 horas, cuando se retomará para resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
La fiscal Espinoza está pidiendo arresto domiciliario total, prohibición de salir del país, prohibición de acercarse a la municipalidad y de contactarse con funcionarios municipales. Además, explicó que estas medidas cautelares “dicen relación con garantizar los fines del procedimiento, puesto que hay diligencias pendientes que son necesarias de evaluar, y también nos hemos enterado de ciertas presiones, por parte del ente municipal, hacia sus subalternos al momento de declarar en la investigación”.