El jueves el Ministerio de Defensa de Bolivia presentó ante la Fiscalía una querella penal contra cuatro ex ministros de Estado y otras 15 personas por el “Caso Sidacta”, para que se investiguen las presuntas irregularidades durante la ejecución del proyecto Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo y se establezcan las responsabilidades que correspondan.
Entre los exministros comprendidos en la acción penal figuran: Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis López y Edmundo Novillo. La querella también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, señaló que los tipos penales identificados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Asimismo, precisó que el daño económico inicialmente cuantificado asciende a 1.478 millones de pesos bolivianos, es decir, unos 126 mil dólares. El proyecto Sidacta fue contratado en 2016 por más de 191 millones de euros bajo la modalidad de llave en mano.
El acuerdo contemplaba la provisión e implementación de un sistema integral con radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
El ministro Justiniano explicó que “no se compraron radares aislados” y se contrató un proyecto llave en mano. Eso significa que el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”.
Según los argumentos de la querella, el contrato experimentó siete modificaciones que ampliaron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. Además, la entrega y demostración final fueron reportadas aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder.
Los informes técnicos registraron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: nueve estaban operativos con observaciones y dos no se encontraban operativos. Los otros dos funcionaban sin observaciones.