Este lunes el presidente José Antonio Kast reconoció un error de su Gobierno por las rebajas de condena a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores y confirmó la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien quedó bajo cuestionamiento por esta polémica.
Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario abordó por primera vez la controversia luego de reunirse con ministros, senadores y diputados para analizar cambios legales relacionados con la materia.
“El Estado les falló”, afirmó Kast al referirse a las víctimas.
El jefe de Estado calificó lo ocurrido como grave e inaceptable y sostuvo que no existen argumentos técnicos, jurídicos o administrativos que permitan justificar ante una víctima la salida anticipada de su agresor de la cárcel.
“Es muy grave. Es profundamente doloroso y es totalmente inaceptable. No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna”, señaló.
Asimismo, dirigió también un mensaje a las víctimas de los delitos, reconociendo el impacto que las rebajas de condena pueden provocar en quienes sufrieron los abusos.
En ese sentido, Kast indicó que le corresponde asumir la responsabilidad política por lo ocurrido en su condición de Presidente de la República.
“Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga”, sostuvo.
Pese a este reconocimiento, el mandatario descartó remover al ministro Rabat. Según explicó, apartar al titular de Justicia y a su equipo podría generar una respuesta inmediata frente a la controversia, pero no resolvería el problema de fondo.
“El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido”, afirmó.
En esa línea, Kast ratificó expresamente la continuidad de Rabat al frente del Ministerio de Justicia y le asignó la responsabilidad de encabezar las medidas que adopte el Ejecutivo a partir de la controversia.
“He decidido que continúe en sus funciones, con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse”, añadió.
La máxima autoridad del país cerró su intervención reconociendo que la controversia afecta directamente uno de los compromisos centrales de su administración: priorizar a las víctimas de delitos.