Este miércoles la Fiscalía Regional formalizó a 23 personas -cuatro de ellas menores de edad- que formarían parte de una organización criminal que lideraba el robo de vehículos en la región de Tarapacá estos últimos años, intercambiándolos en Bolivia por dinero, droga o armas.
De los 23 imputados formalizados, seis ya estaban privados de libertad en distintos recintos penitenciarios del país, desde donde operaban para la organización.
La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, indicó que los imputados conformaban “una asociación criminal que desde el año 2024 y hasta la fecha, desarrollaban de manera sistemática y coordinada la sustracción de vehículos en la región para luego comercializarlos e intercambiarlos en Bolivia por dinero, droga, armas de fuego y otras especies”.
En la audiencia, se les imputaron 53 hechos relacionados directamente con robos y receptaciones de vehículos, además de delitos de microtráfico de drogas y tenencia de armas y municiones, especies que les fueron incautadas durante el procedimiento de esta semana.
Entre los formalizados estuvieron tres imputados (chileno y boliviano, respectivamente) que ejercían como líderes financistas y operativos pese a estar privados de libertad, impartiendo instrucciones y encargando y coordinando los robos desde la cárcel, así como la comercialización y traslado de los vehículos.
También se formalizaron a quienes operaban como brazos operativos, identificando los vehículos solicitados por los financistas que estaban estacionados en la vía pública y sustrayéndolos gracias al uso de dispositivos electrónicos especializados que les permitían programar llaves con chip y poner en funcionamiento el motor en breves minutos. Luego los vehículos eran entregados a conductores o “chuteros” para que fueran trasladados a Bolivia por pasos no habilitados.
Asimismo, se formalizaron cuatro imputados detenidos durante el procedimiento policial en flagrancia por delitos de tenencia y tráfico de armas y municiones, tráfico y microtráfico de drogas y estafa, quedando uno de ellos en prisión preventiva, dos con cautelares de arraigo y firma, y respecto al cuarto se apeló ante la Corte de Apelaciones ya que el tribunal no otorgó la privación de libertad solicitada.
En concreto, el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva de 19 adultos, mientras que otros cuatro adolescentes quedaron con arresto domiciliario. Además, el tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días.
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