La Contraloría General del República cerró su investigación a la primera entrega de cajas de alimentos realizada el año pasado por la Intendencia Regional de Tarapacá y determinó, dada la gravedad de los hechos descubiertos, enviar los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, organismos que deberán tomar las acciones penales y civiles correspondientes.
Las irregularidades en el Caso Cajas 1 quedaron al descubierto en junio del año pasado tras la publicación de un reportaje de Radio Paulina que reveló la forma en que la Intendencia de Tarapacá asignó los contratos para las dos empresas y una persona natural.
El reportaje fue la base para que el entonces concejal de Iquique Matías Ramírez, el actual consejero regional Pedro Cisternas y el exdiputado Hugo Gutiérrez, presentaran ante la Contraloría de Tarapacá una denuncia por los hechos relatados, lo que derivó en una investigación cuyo informe final fue entregado el pasado 4 de marzo.
Allí se detalla que los contratos para el armado y distribución de las cajas significaron un pago en exceso de más de 232 millones a los proveedores del servicio, por cajas cuyo valor unitario no debió superar los $41.467, si los productos se hubiesen adquirido en supermercados de Iquique.
Cabe recordar que un estudio publicado por la Contraloría estableció que el costo total de la primera entrega de Cajas de Alimentos para Chile en Tarapacá tuvo un costo de 1.190 millones de pesos, con un valor promedio por caja de $51.524.
Junto con el envío de los antecedentes a la Fiscalía y al CDE, en su informe de este 4 de marzo la Contraloría indicó que iniciará un sumario administrativo en la Intendencia Regional de Tarapacá, “a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas” por la contratación de proveedores con giros no relacionados al rubro; por la ejecución de un contrato con una persona distinta a la empresa que ejecutó la distribución (el caso de Lorena Barrientos); por la entrega de cajas con menos contenido que el contratado; por la distribución duplicada de cajas en lapsos inferiores a 7 días; y por la adquisición de cajas y elementos de limpieza a un valor mayor a los precios referenciales.
Así reaccionó el abogado denunciante, Matías Ramírez, luego de conocer el informe de Contraloría.
