La Delegación Presidencial Regional de Tarapacá dio a conocer los motivos del término del contrato con la empresa a cargo del retiro de animales marinos en el borde costero de la ciudad de Iquique. Lo anterior, luego que la firma denunciara que el Gobierno cortó el vínculo de forma abrupta, manteniendo una deuda de 140 millones de pesos
En conversación con Radio Paulina, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, señaló que el país vive una emergencia por gripe aviar que viene desarrollándose desde el año pasado y destacó el trabajo realizado en Tarapacá que “ha sido atendido mejor que en otras regiones, gracias a la coordinación de distintos entes públicos”.
“Nosotros tomamos tempranamente cartas en el asunto, si consultas con los servicios especializados en la Sernapesca, Senapred, somos una de las regiones que ha gestionado de mejor forma la gripe aviar. De hecho, durante esta semana, el SAG está levantando casi la totalidad de los sitios de vigilancia que tenía dispuesto durante todo este tiempo”, agregó.
Respecto al retiro de lobos marinos y otros animales varados, el delegado explicó que se ha contratado como Estado a una empresa para hacer el retiro “porque Sernapesca no cuenta con los elementos necesarios ni con el personal suficiente para poder llevar a cabo una tarea tan grande como esta. Eso se estuvo realizando con bastante normalidad durante cerca de tres o cuatro meses”.
Además, el delegado presidencial fue consultado por el contrato suscrito con la empresa constructora BJL, propuesta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para retirar fauna fallecida por gripe aviar, el cual fue terminado de forma anticipada por la delegación y detalló que han sostenido al menos dos o tres reuniones con la firma donde se les ha explicado los motivos de la demora del pago.
“Hemos tenido al menos dos o tres reuniones con la empresa, nuestros equipos, nuestras autoridades jurídicas, la jefa de Administración y Finanzas se han reunido con ellos, les han explicado cómo funcionan los fondos de emergencia. Nosotros como delegación que actuamos como caja pagadora y supervigilantes del contrato, tenemos que primero recibir los recursos para poder pagar. Eso no ha ocurrido, la Subsecretaría del Interior todavía no nos hace llegar los recursos y nosotros recibimos hace unas dos o tres semanas a la empresa”, expresó.
En ese contexto, Quinteros reconoció que el contrato suscrito con la empresa constructora BJL fue terminado de forma anticipada por la contratación de extranjeros indocumentados, situación que calificó como “tremendamente preocupante” y que fue comunicada por la misma firma en una reunión que sostuvieron la delegación y representantes de la empresa.
“Nuestros equipos se reunieron con ellos (…) y en el diálogo, en esa conversación, surge un elemento que para nosotros resulta tremendamente preocupante. Lo conversamos con la Subsecretaría del Interior, por lo tanto, no es una decisión arbitraria ni individual respecto de esta empresa en particular, con quienes yo no tengo ningún vínculo, no los conozco, no sé quienes son. Efectivamente en esa reunión se da cuenta por parte de la empresa al momento de consultarle por las cotizaciones tradicionales de sus trabajadores, ellos mismos relatan que no tienen ese documento que acreditan las cotizaciones previsionales porque cito casi en en comillas ´nosotros contratamos extranjeros que no tienen la documentación´. Eso constituye un hecho grave y por lo tanto nosotros lo que hicimos inmediatamente fue cortar el contrato e instruir una investigación sumaria para no solamente determinar si es que hubiera responsabilidad administrativa en esto, probablemente no de la delegación, eso lo determinará la investigación sumaria, pero nosotros actuamos al final del proceso”, comentó.
En este sentido, la autoridad regional aseguró que la empresa contratada para el retiro de lobos y otras especies marinas afectadas por la gripe aviar, no contaba con la información previsional y cotizaciones de los trabajadores contratados.
Además, Quinteros salió al paso de las declaraciones que hizo la propia empresa durante el martes, cuando acusó que la Delegación cortó el contrato adeudando 140 millones de pesos o el total del servicio iniciado en marzo de este año.
Sin embargo, el delegado especificó esta situación, reconociendo que la empresa BJL, del área de la construcción, tenía contratado personal extranjero sin documentación, motivo por el cual se puso término al contrato y se instruyó una investigación sumaria para determinar las responsabilidades administrativas.
“Nosotros no somos quienes hacemos el contrato, sino que somos quienes pagamos y regularizamos justamente esta prestación de servicio y vamos a esperar, durante estos días debería terminar la investigación sumaria, para poder determinar qué acciones podemos llevar adelante respecto a la empresa, sin duda que hay irregularidades importantes que ameritaba que hiciéramos término anticipados al contrato”, añadió.
Minutos antes de esta declaración, la empresa sostuvo que informó a la Delegación sobre su situación. Es más, el representante legal Alberto García había anunciado presentarían una denuncia ante la Contraloría Regional de Tarapacá por el término de la licitación de manera repentina.
El delegado Quinteros detalló que la Delegación sólo actuó como pagador del servicio y que el Servicio Nacional de Pesca es el organismo a cargo de la fiscalización del servicio prestado para el retiro de la fauna fallecida.
En tanto, Sernapesca por medio de un comunicado descartó haber efectuado tratos directos con la empresa BJL que ha realizado el retiro de especies marinas varadas muertas en las costas de Iquique. Además, afirmaron que Mesa Técnica de Influenza Aviar es la responsable de la contratación de dicha empresa.