El Consejo de Defensa del Estado consiguió que la funcionaria que demandó por hostigamientos laborales a la Dirección de Vialidad del ministerio de Obras Públicas de Tarapacá, negociara una salida alternativa a la sentencia dictada en el mes de mayo por el Juzgado del Trabajo de Iquique, tras la cual el servicio público debía pagar 32 millones a la mujer, además de entregar disculpas públicas.
Luego del triunfo que logró la funcionaria en primera instancia, el CDE presentó su apelación en nombre de la Dirección de Vialidad, tras lo cual la Corte de Apelaciones de Iquique ordenó a ambas partes conciliar una salida alternativa, proponiendo una indemnización de 20 millones de pesos, reduciendo así en 12 millones lo dictaminado inicialmente por el Juzgado Laboral.
Cabe recordar que en el fallo de primera instancia, tras establecerse la ocurrencia de los actos y tratos atentatorios a la integridad física y síquica de la demandante, la jueza ordenó el pago de $32.181.864, por concepto de daño moral, e instruyó “implementar dos charlas de capacitación sobre derechos fundamentales, las que deberán extenderse, por un total de 2 horas cada una, a la que deberán asistir todos los trabajadores del MOP de la Región de Tarapacá y que deberá ser impartida por la Unidad de Derechos Fundamentales de la Inspección del Trabajo de Iquique, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo. La asistencia a dichas charlas será considerada como horas laboradas”.
Además de lo anterior, la magistrado Marcela Díaz Méndez ordenó que la entonces directora regional de Vialidad de Tarapacá entregara disculpas públicas a la funcionaria, las que “deberán efectuarse en forma verbal, con la asistencia de todos los trabajadores del MOP de Tarapacá. Asimismo, deberá ponerse por escrito las referidas disculpas públicas, mediante carta que deberá fijarse en lugares visibles, debiendo mantenerse, por el lapso de dos meses a lo menos”.
Y ante ese escenario es que el Consejo de Defensa del Estado apela ante la Corte de Apelaciones de Iquique, donde el magistrado Rafael Corvalán Pazols, el pasado 18 de julio, propuso el avenimiento por 20 millones, descartando las disculpas públicas y manteniendo los cursos de derechos fundamentales para los funcionarios de Vialidad.
Así las cosas, el acuerdo se cerró de la siguiente manera:
PRIMERO: Sin que implique para la parte demandante desconocimiento alguno de los fundamentos, antecedentes y pretensiones que tuvo en vista al iniciar el presente proceso judicial, ni para la parte demandada reconocimiento alguno, expreso o tácito, de ninguna especie de responsabilidad legal, ambas comparecientes exponen que han acordado poner término al presente proceso laboral, obligándose la demandada al pago único y total de $20.000.000 (veinte millones de pesos), más la realización de dos charlas de capacitación sobre derechos fundamentales, las que deberán extenderse, por un total de 2 horas cada una, a la que deberán asistir funcionarios de la Dirección de Vialidad del MOP de la Región de Tarapacá y que deberá ser impartida por la Unidad de Derechos Fundamentales de la Inspección del Trabajo de Iquique, que certificará su realización.
SEGUNDO: El pago de la suma referida en el numeral que antecede, se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, tramitación que será de cargo de la parte demandante.
TERCERO: La Abogado doña LEONOR FRANCISCA LEON MIHOJEVIC, debidamente facultada, acepta expresamente el ofrecimiento y forma de pago precedentemente propuesta por la demandada.
CUARTO: Dado lo anterior, la Abogado doña LEONOR FRANCISCA LEON MIHOJEVIC, debidamente facultada, viene en desistirse expresamente de todas y cada una de las acciones deducidas en el presente juicio y pretensiones contenidas en ellas, renunciando expresamente a toda acción, de cualquier naturaleza especialmente civil y laboral, que pudiera emanar de los hechos de autos en contra del Fisco de Chile u otro Organismo o Institución del Estado, personificado o no, salvo aquellas destinadas a obtener el cumplimiento de la presente transacción. Con todo, la actora deja constancia que no renuncia a las acciones de orden administrativo por eventual responsabilidad disciplinaria respecto de los hechos fundantes de la demanda.
El lunes de la semana pasada la Corte de Apelaciones dio por cerrado el caso “SILVA MOSQUEIRA, MARIA ELENA con DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE TARAPACÁ DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS”, tras el acuerdo firmado por ambas partes el día 16 de octubre ante el Juzgado del Letras del Trabajo.
Y aquí no ha pasado nada…
