La resolución de un recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2013 (Rol N° 351-2013) en contra de la Policía de Investigaciones ( PDI) por la privación ilegal de libertad de 18 personas extranjeras, excediendo el plazo de 24 horas dispuesto para ejecutar la medida de expulsión, en condiciones “inadecuadas e indignas”, fue reconocida con una mención especial en la tercera edición del “Premio Regional de Sentencias sobre Acceso a la Justicia para Personas Migrantes y Refugiadas en las Américas”.
El fallo fue dictado por la Novena Sala, integrada en ese momento por el ministro Omar Astudillo y la entonces ministra suplente Elsa Barrientos (actual ministra titular) y la abogada integrante Andrea Muñoz (actual ministra de la Corte Suprema) y fue confirmada por el máximo tribunal.
En respuesta a esta decisión judicial, las autoridades administrativas adoptaron el “Protocolo de actuación para expulsión de extranjeros infractores”, celebrado entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la PDI (2013), para dar cumplimiento a lo que dispone esta sentencia en relación al plazo máximo de detención y para adecuar las condiciones de detención de las personas migrantes a los estándares internacionales de derechos humanos.
El ministro de la Corte de Santiago Omar Astudillo, quién asistió a la premiación realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, manifestó que, respecto del tema de los migrantes, aún prevalecen rezagos legislativos para atender esta problemática: “En Chile todavía está vigente un decreto ley de extranjería de la época del régimen militar y es una legislación preconvencional y preconstitucional y que está inspirada en cuestiones de seguridad nacional exclusivamente”.
El “Premio Regional de Sentencias” es convocado por Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR); la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia; la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sin Fronteras, IAP; la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México; y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), UNICEF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del DF.
Su objetivo es alentar la emisión de criterios jurisprudenciales de América Latina “con enfoque de derechos humanos que consoliden el cambio de paradigma que criminaliza a la migración y priva de derechos a las personas en contextos de movilidad, por aquel que reconoce a las personas migrantes y sujetas de protección internacional como sujetos de derechos” indica ACNUR.
La organización recibió este año 48 sentencias de nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y México y la premiación se realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
