Es el 27 de julio del año 2017 y una carta anónima, escrita a mano, llega hasta las oficinas del Servicio Nacional de Menores de la región de Tarapacá. Su contenido es alarmante. La persona que redacta relata que en el Centro de Orientación, Diagnóstico e Intervención Terapéutica Familiar, más conocido como CODITFAM, las niñas residentes están siendo sometidas a maltratos severos y negligencias, partiendo por lo más básico: no están recibiendo alimentación.
El angustiante testimonio que una de las menores residentes hace llegar hasta el SENAME, hace notar que el descuido de la residencia es permanente, y que la calidad de vida de ella y de las otras 15 niñas que viven allí, de entre 7 y 17 años, es deplorable.
Pero eso, en la institución, es algo que ya saben desde hace años…
El papel, que llegó a manos de la entonces directora del SENAME de Tarapacá, Paula Soto Saavedra, sería la gota que rebalsaba el vaso.
Luego de tres años a cargo de ese servicio y habiendo realizado una serie de intervenciones y fiscalizaciones a la labor de los sostenedores del CODITFAM, la carta de puño y letra de una de las afectadas le indicó que era el momento para que el centro de niñas vulneradas de Iquique fuera sometido a una acción que iba más allá de las fronteras de su servicio.
Ya no se trataba de una nueva falta administrativa al convenio -otra más- de los encargados de la residencia, sino que ahora se trataba de un delito tipificado en la ley 21.013, una norma que llevaba apenas dos meses de promulgada y que obligaba a Soto, en su calidad de funcionaria pública, a denunciar.
A las 23:03 horas del 28 de julio y tras analizar la situación con el equipo jurídico de la institución, la exdirectora llega hasta la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y de Menores de la Policía de Investigaciones, donde interpondrá una denuncia por el delito de maltrato corporal a menores o personas vulnerables.
Doble registro; un directorio…
El 28 de noviembre del año pasado y por orden de su director nacional, el jefe (s) del Departamento de Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, Víctor Rebolledo Salas, dio respuesta a una solicitud de información amparada en la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y que había sido derivada hasta esa repartición desde la subsecretaría de Justicia.
Rebolledo debía informar al solicitante quiénes eran las personas que componían el directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique (ACJ), en el período comprendido entre los años 2014 y 2017.
Y en su respuesta, el funcionario da cuenta de una anomalía descubierta en el Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro: esa organización de la región de Tarapacá, que es conocida en el mundo como YMCA, estaba registrada bajo dos números de inscripción.
En efecto, la ACJ aparecía inscrita en el Registro de Organizaciones Comunitarias, Territoriales y Funcionales con el rol 283827, pero, además, existía como corporación con personalidad jurídica bajo el rol 13127. La primera organización había sido registrada el 1 de diciembre de 2004 en la municipalidad de Iquique, en tanto que la segunda había obtenido su registro mediante decreto supremo del ministerio de Justicia, el 7 de diciembre del año 1990, relató Rebolledo en su informe.
Esta anomalía quedaría subsanada en el Registro Civil el día 26 de noviembre de 2018, justamente, a raíz de esa solicitud de información pública y dos días antes de que Víctor Rebolledo Salas emitiera la respuesta al requerimiento de información.
Pero, ¿y quiénes eran los directores de la ACJ de Iquique? El jefe subrogante del Departamento de Archivo General indica en su respuesta que de las dos organizaciones registradas en Tarapacá como Asociación Cristiana de Jóvenes, había un solo registro de elección de un directorio, fechado el 13 de mayo de 2014, y correspondiente a la organización inscrita bajo el número 13127.
Al detallar, Rebolledo indica que, a noviembre de 2018, aún seguían vigentes como directores su presidente, Miguel Ángel Quezada Torres; el vicepresidente, Carlos Merino Pinochet; el Secretario, Juan Pablo Díaz Vergara; y los directores Juan Torres Santibáñez, Álvaro Serrano Salas, Juan Carlos Salgado Magma y Patricio Mira Duarte.
Y así lo ratificaba el 27 de noviembre de 2018 un certificado de directorio emitido por el Registro Civil, firmando por el mismo Rebolledo…
Tal vez era un error…
El 11 de marzo de 2018 asumió como intendente de la región de Tarapacá el UDI Miguel Ángel Quezada Torres. Y entre las facultades que caían en sus manos estaban las de la ley 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, que le permitirían disponer del erario regional para realizar, entre otros, convenios de transferencias de recursos estatales a organizaciones sociales de la región.
Así las cosas, mal se vería que, siendo la primera autoridad regional estuviera transfiriendo millonarios recursos desde el Gobierno Regional de Tarapacá a una institución “amiga” denominada Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, organización en la que, según indicó el Registro Civil en noviembre de 2018, el presidente del directorio era… el propio Miguel Ángel Quezada Torres.
Debía ser un error lo que indicaba el Registro Civil, por ello, no hubo mayor problema cuando el Intendente de Tarapacá, en uso de sus facultades, el 10 de julio de 2018 firma la resolución exenta 308 y entrega $89.048.000 al representante legal de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, Juan Carlos Salgado Magna, pasando todos los filtros internos del Gobierno Regional de Tarapacá, sean consejeros regionales, auditores, controles financieros y el equipo jurídico, todo ello sustentado por una serie de firmas que certificaban que lo obrado por la autoridad era correcto, probo y ajustado a derecho.
El convenio de transferencia entre la autoridad regional y la Asociación Cristiana de Jóvenes se había firmado el 29 de junio, en tanto que el certificado de imputación presupuestaria -que comprueba la asignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Tarapacá para financiar el proyecto “Continuación de Talleres de Inclusión Social para Adultos Mayores de la Provincia de Iquique y del Tamarugal”-, era emitido el mismo día… el 29 de junio de 2018.
El historial de este proyecto, en el que el Gobierno Regional de Tarapacá entregaba más de 89 millones de pesos a una organización de la cual el intendente aún no dejaba de ser el presidente del directorio -según seguía informando el Registro Civil a noviembre de 2018-, indica que el Consejo Regional aprobó la entrega de los recursos el 11 de junio, en tanto que la Asociación Cristiana de Jóvenes entregaba la última documentación el 21 de junio, siendo recibida en la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional el 22 de junio de ese año.
Como se señaló, el proyecto obtendría sus recursos del FNDR el 29 de junio, 8 días después de enviada la última documentación por parte de la ACJ.
De acuerdo al certificado emitido por el Registro Civil, al 26 de junio de 2018 el ya intendente Quezada seguía siendo el presidente del directorio. No obstante, el certificado 167 de la municipalidad de Iquique, fechado el 3 de abril de 2018, indicaba que el presidente era Juan Carlos Salgado Magna.
¿Quién era el presidente?
Una segunda solicitud de información pública (AK004T-0002445), enviada al Servicio Nacional de Menores y respondida el 22 de noviembre de 2018 por la Directora Nacional de ese organismo, Susana Tonda, coincidiría con lo informado por la municipalidad de Iquique, pero solo en cuanto a quién era el presidente: Juan Carlos Salgado Magna.
De acuerdo a lo reportado por Tonda, entre el 28 de abril de 2015 y el 30 de mayo de 2017, el directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes estaba conformado de la siguiente manera:
En la misma respuesta a la solicitud de información pública, la directora nacional del SENAME, Susana Tonda, informaría que desde el 30 de mayo de 2017 “a la fecha”, el directorio de la ACJ de Iquique estaba conformado por estas personas:
Representante legal: Juan Carlos Salgado Magna
Presidente: Juan Carlos Salgado Magna
Vicepresidente: Carlos Merino Pinochet
Secretario: Juan Pablo Díaz Vega
Tesorero: Juan Raimundo Valdivia Ríos
Directores: Juan Manuel Torres Santibáñez, Álvaro Rolando Serrano Salas, Patricio Mira Duarte y… Miguel Ángel Quezada Torres.
Meses antes, el 16 de marzo de 2018, la municipalidad de Iquique informaba en el certificado 167/2018 que la Asociación Cristiana de Jóvenes había renovado su directorio el 30 de mayo del año 2016, quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente: Juan Carlos Salgado Magna
Secretario: Juan Reimundo (sic) Valdivia Ríos
Tesorero: Juan Pablo Díaz Vega
1° (sic) Director: Juan Manuel Torres Santibáñez
2° Director: Carlos Alfredo Merino Pinochet
3° (sic) Director: Álvaro Rolando Serrano Salas
¿Cuál era el directorio real?
Planes de mejoramiento de Turrón y CODITFAM
La respuesta que estaba dando Susana Tonda era parte de una solicitud de información pública que pedía copias de los informes de supervisión realizados a las residencias Turrón y CODITFAM -ambas administradas por la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique-, para el período comprendido entre enero del año 2015 y marzo del 2018.
Junto con lo anterior, se solicitaba entregar los planes de mejoramiento que había realizado la ACJ de Iquique en los dos recintos, “en el contexto de deficiencias, ya sea, de intervención, de infraestructura, o cualquiera de los ámbitos evaluados por SENAME, que afectarán a los niños y niñas y su calidad de vida”, señalaba la petición de información.
Cumpliendo la ley sobre Acceso a Información Pública, Susana Tonda entregó nueve (9) informes de supervisión que se realizaron a la residencia Turrón el año 2015; doce correspondientes al año 2016 (enero a diciembre); y los de enero y febrero del año 2017.
Respecto de la residencia de niñas CODITFAM, puso a disposición once (11) informes del año 2015; once (11) de 2016; once (11) del año 2017, de febrero a diciembre; y tres (3) del año 2018.
Sin alimentos… por falta de donaciones
A las 23:03 horas del 28 de julio del año 2017, la detective de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores, Katiuska Ferrada, se sienta frente a la entonces directora regional del SENAME de Tarapacá, Paula Soto, y comienza a redactar la denuncia 921, que llegaría a la Fiscalía Local de Iquique y al Juzgado de Familia cuatro días después.
Soto describe que el día previo había recibido una denuncia anónima, la cual motivó que se apersonara en la residencia CODITFAM para comprobar, junto al Coordinador de la Unidad de Protección del SENAME, la real situación de lo que se planteaba en esa carta.
Y, en efecto, al llegar se encuentra con que “pudimos constatar las malas condiciones de higiene y habitabilidad, las despensas vacías y la bodega, en su mayoría, con materiales de aseo”.
Soto, indicó en su relato a la PDI, que al consultarle por la falta de alimentación a la directora del recinto, María Luisa Lemus -actual asesora del gabinete del Intendente Quezada-, esta habría respondido que “es una situación extraordinaria” y que se encontraba “a la espera de una donación que debía llegar ese mismo día”.
Pero el asunto no quedó allí. Al día siguiente, en la misma jornada en que más tarde la entonces directora del SENAME Tarapacá estamparía la denuncia en la BRISEXME, volvieron al CODITFAM, constatando, otra vez, “la falta de alimentos, así como también la falta de vestuario de las niñas e irregularidades en el cobro de pensión de dos usuarias que presentan discapacidad”. Soto relató a la PDI que “el equipo del Sename decide hacerse cargo de la alimentación de las niñas” e “informar la situación a tribunal de familia y requerir organismo colaborador”.
Paula Soto Saavedra relataría a la detective Ferrada que su equipo jurídico analizó la situación, concluyendo que lo ocurrido con el sostenedor de la residencia, la Asociación Cristiana de Jóvenes, estaba tipificado en la ley 21.013 como delito de maltrato, “toda vez que (con) estas acciones del colaborador acreditado del Sename (la Asociación Cristiana de Jóvenes), incurre en tratos degradantes que han menoscabado gravemente la dignidad de jóvenes que habitan la residencia”.
31 millones “empozados”
Uno de los informes de supervisión realizado a la residencia de niñas CODITFAM -el número 6, del 9 de septiembre del año 2016-, indica que el recinto presenta “limpieza no adecuada, sobre todo en dormitorios”; “camas en mal estado y falta de muebles en habitaciones”; “un baño sin agua caliente”; e “inexistencia de espacio para lavado y ropería”. Además, en sus conclusiones, la supervisora del SENAME, Dayanna Pinto, recomienda que “los medicamentos deben estar almacenados en un lugar apropiado, con llave”.
El 22 de noviembre de 2016 le corresponde al supervisor Max Briceño Rojas inspeccionar el estado del CODITFAM. En su informe, señala que “la residencial no cuenta con las minutas de alimentación de las usuarias, no contando con un elemento que indique la frecuencia de comidas”. Además, se reitera la situación de los medicamentos, que siguen a disposición y sin llaves, reportando que el “inmueble no cuenta con higienización sanitaria debidamente certificada” y que “la residencial no cuenta con las condiciones mínimas para la seguridad indicada en el anexo 4 de la unidad de prevención de riesgos”.
Faltando 2 días para la Navidad de 2016, el Sename realizó la penúltima fiscalización de ese año, otra vez a cargo del funcionario Max Briceño, quien constata que la “residencia, en general, indica dificultades de aseo y ornato”; “las paredes no se encuentran en buen estado”; el “inmueble no cuenta con higienitización (sic) sanitaria debidamente certificada”; y reitera que no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos.
Se darían a la dirección del recinto 15 días para resolver estos reiterados problemas… Sobre el estado de las 20 niñas no existió una sola palabra en los reportes. Solo se menciona su porcentaje de participación en el proceso de intervención: 0,0%.
Sorpresivamente, el 25 de diciembre, el mismo día de Navidad, Briceño se dejaría caer nuevamente sobre la residencia y en las conclusiones de su informe sostiene que encontró solo a una educadora de trato directo y a la manipuladora de alimentos a cargo de ocho niñas, debiendo haber tres educadoras. “Se observan basureros colmados de basura en el patio frontal de la residencia. También se visualiza un sillón, colchones y almohadas en un rincón, en el patio trasero”. Es decir, con un bajo control profesional del recinto.
Todas estas irregularidades, que aparecen en forma reiterada desde los informes de 2015 al 2017, no cuadraban en el equipo del SENAME, donde tenían perfecto conocimiento de los recursos que se estaban traspasando a la ACJ de Iquique.
Tampoco lograba comprenderlo la directora del organismo, quien decide -una vez agotadas las gestiones con los encargados de la residencia de niñas-, enviar una carta directamente al presidente del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Miguel Ángel Quezada, con copia a la directora ejecutiva de la misma institución, la actual seremi de Desarrollo Social, Katherine Aliaga.
Junto con relatar el estado en que se encuentra la residencia, que presenta “deficiencias graves relativas a aspectos técnicos y de calidad de vida de las niñas y jóvenes”, la entonces directora del SENAME le enrostra a Quezada que el lugar donde opera el CODITFAM está entregado en comodato, por lo tanto, “vuestra institución no requiere desembolsar recursos por concepto de arriendo”, lo que hace inentendible las condiciones de habitabilidad del recinto, que “no ofrecen los estándares mínimos de calidad, seguridad ni confort consignados en el convenio suscrito con el organismo colaborador que usted dirige”.
Y fue más allá. En la extensa misiva enviada al actual intendente Quezada –entonces presidente del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes-, Paula Soto Saavedra le señala que en el informe financiero disponible al momento del envío de la carta es posible observar que, en los dos programas asociados al CODITFAM existían saldos de las subvenciones entregadas por el SENAME, por $16.626.969 (REM) y $14.481.635 (PER).
“La sumatoria de ambas cuentas arroja un total de saldo de $31.100.604.-, monto suficiente para asegurar el arriendo de un inmueble adecuado”, le indicó Soto, en tanto se concretaba la entrega del nuevo edificio que albergaría a las niñas y jóvenes de la residencia CODITFAM.
Pero al 27 de julio del año 2017, cuando de puño y letra una de las niñas residentes denuncia la situación del CODITFAM, ya no eran necesarias más cartas y respuestas.
Según informó Susana Tonda el año pasado, en su informe por una solicitud de información pública, el 4 de agosto de 2017, ocho días después de la denuncia de la menor de edad, la residencia pasó a ser administrada provisionalmente por el SENAME.
En la actualidad, la denuncia por el delito de maltrato a menores en situación especial se encuentra abierta, con diligencias pendientes y en investigación por parte del Fiscal Pablo Medina, según informó este viernes la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Respecto de las niñas protagonistas de esta historia, el 14 de diciembre de 2017, finalmente, las vulneraciones que vivieron en la residencia administrada por la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique se vieron en algo aliviadas, cuando se trasladaron al nuevo y moderno edificio que las albergaría desde ese día en adelante…
#IQUIQUE | Denuncian cambio de placa en residencia del @sename_gobierno inaugurada durante el gobierno de @MBachelet y financiada por el CORE Tarapacá. Cambio se habría producido a raíz de la visita del ministro de Justicia (@MinjuDDHH), @HernanLarrainF, ocurrida este miércoles. pic.twitter.com/AFZRH4HbB4
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) 30 de agosto de 2018
PS: Al viernes 25 de enero de 2019, el Servicio de Registro Civil e Identificación informada lo siguiente respecto de la conformación del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique.
