El lunes 20 de abril el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, autorizó a la Intendencia de Tarapacá a echar mano a 1.190 millones de pesos del Fondo Regional de Emergencia, con el objetivo de ir en ayuda alimentaria de las personas afectadas por la pandemia del Coronavirus y por una cesantía que en el trimestre móvil enero-abril llegaba al 7,4% de la población.
La solicitud para utilizar ese monto se había formalizado el 16 de abril, cuando el Intendente Miguel Ángel Quezada debió enviar un oficio a Interior pidiendo autorización para usar los recursos que el mismo Consejo Regional de Tarapacá había aprobado destinar a la emergencia varios días atrás, el 31 de marzo.
La vuelta para dar una mano a la población se estaba tornando demasiado larga en medio de un desolador panorama para familias que comenzaban a quedarse sin sus fuentes de trabajo, ya sea por efectos de la economía o a consecuencia de la Ley de Protección del Empleo, normativa que ya estaba enviando trabajadores y trabajadoras a sus casas desde el 1 de abril.
Por el mismo motivo, en las 4 semanas que pasaron entre el visto bueno del Consejo Regional y el de la subsecretaría del Interior muchas manos comenzaron a frotarse ante el inesperado botín de 1.190 millones que surgía a partir de una tragedia sanitaria en ciernes, cuando la región aún no contaba 100 contagios de COVID-19.
Se vienen las cajas…
El domingo 17 de mayo, a través de una cadena nacional, Sebastián Piñera anunció al país la distribución de 2.5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias más vulnerables y de la clase media necesitada.
A partir del anuncio surgieron una serie de críticas a la capacidad que tendría el gobierno para distribuir las cajas y comenzaron los cálculos que señalaban que tamaña empresa tomaría hasta julio o bien entrado el segundo semestre, cuando el hambre de la población ya estaría convertida en inanición.
Ante la avalancha de críticas, seguidas además por un atisbo de nuevo estallido social en la región Metropolitana y por un aviso luminoso que removió las conciencias -HAMBRE-, el desafío pasó a ser mayor: ya no había espacio para decepcionar, una vez más, a la ciudadanía.
Cajas para Tarapacá
En la región de Tarapacá la urgencia por el tema de las cajas tendría su primera manifestación pública oficial recién el martes 26 de mayo, es decir, 12 días después del anuncio presidencial. Esa jornada, a las 11 horas con 13 minutos, la Intendencia publicó en el portal de Mercado Público su primera Orden de Compra (951-96-SE20) para adquirir cajas de alimentos para enfrentar los, ahora, efectos directos de la pandemia del coronavirus y la cuarentena.
El mismo día, pero a las 13:20 horas, se publica una segunda Orden de Compra (951-97-SE20), esta vez dirigida al proveedor Sociedad V Y L Deportes Limitada, la que diez minutos después sería cancelada “por un error en cálculo iva”, de acuerdo a lo que indican los registros de la operación en Mercado Público.
La nueva orden de compra (951-99-SE20) se reemitiría a las 14:57 horas del mismo 26 de mayo, siendo aceptada por la empresa veintiún minutos más tarde, esto es, a las tres de la tarde con dieciocho minutos de ese día martes.
Exactamente a la misma hora (14:57) se emitiría la tercera y última orden de compra (951-98-SE20), esta vez dirigida a la persona natural Lorena Barrientos Ramírez, quien se tomó su tiempo y aceptó la solicitud de la Intendencia dos días después, ya en la noche del jueves 28 de mayo.
Al otro día, el viernes 29, es aceptada la primera de las tres órdenes de compra emitidas (951-96-SE20), con lo que la Intendencia Regional de Tarapacá ponía en marcha un proceso que había comenzado dos meses antes, el 31 de marzo, cuando el Consejo Regional aprobó redestinar 1.190 millones del Fondo Regional de Emergencia para adquirir ayudas alimentarias para la población.
CVA
Eso en lo público, porque internamente las conversaciones sobre el asunto de las cajas de alimentos venían avanzando desde hacía varios días…
De acuerdo a los correos electrónicos gubernamentales a los que tuvo acceso este medio, a las 13:01 horas del martes 12 de mayo, cinco días antes de la cadena nacional donde Sebastián Piñera anunciaría “Alimentos para Chile”, el jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional de Tarapacá, Jhonny Muñoz Cancino, envía un correo a la empresa productora de eventos DID Sonido para cotizar la adquisición de 11.675 canastas familiares. El mensaje va copiado a la jefa de gabinete del Intendente, Lilian Plaza, y al funcionario administrativo Claudio Venegas Cárdenas.
Entre las exigencias que se le hacían a la productora de eventos para adjudicarse el contrato estaban una entrega inicial de 5.837 cajas, al lunes 25 de mayo, y una segunda al día 22 de junio, fecha en que se debían distribuir las otras 5.838 cajas, con lo que se cerraban el paquete de entregas.
La lista de artículos que debía contener la caja de alimentos de la Intendencia de Tarapacá, y que estaba adjunta en ese correo, contenía el siguiente detalle:
En la tarde de ese mismo 12 de mayo se emitiría un segundo correo, esta vez a otra productora de eventos, la Sociedad V Y L Deportes Limitada. Debido a que el requerimiento es exactamente el mismo, con la misma cantidad de cajas a cotizar, se podría entender que la Intendencia trataba de aplicar una justa competencia entre ambas empresas, con reglas parejas, y así obtener el mejor precio para los intereses del Estado.
Sin embargo, las cotizaciones que los dos proveedores enviaron a la Intendencia tenían una curiosa coincidencia: la primera cotización enviada por la productora DID, el día 15 de mayo, tenía un valor total de $594.911.300. Por su parte, V Y L Deportes Limitada cotizó inicialmente cada caja en 52.794, con lo que el valor de su cotización llegaba a los $616.369.950.
De esta forma, la suma de los valores que presentaron ambas empresas, para 11.675 cajas cada una (23.350 en total, entre ambas), tenía un costo total de $1.211.281.250, poco más que el monto total del Fondo Regional de Emergencia que estaba destinado a alimentación: 1.190 millones de pesos.
Té para tres…
El Estado tiene tres fórmulas para realizar compras: las licitaciones, los convenios marco y los tratos directos. Esta última fórmula tiene condiciones muy específicas para su uso por parte de los organismos estatales y es considerado un mecanismo excepcional de compra.
De acuerdo a la definición que hace la plataforma Mercado Público, el Trato Directo consiste en la contratación de un solo proveedor, para compras por montos iguales o inferiores a 10 unidades tributarias mensuales, esto es, $503.720 al valor del mes de mayo de 2020.
Claramente, los requisitos del Trato Directo no permitían comprar las miles de cajas que tenía planificado adquirir la Intendencia, a menos que se utilizara mediante una excepción a la regla: el artículo 10 de reglamento de la Ley 19.886, el cual considera los casos de 
emergencia e imprevistos como una justificación para echar mano al Trato Directo. Y como la región y el país completo estaban en Estado de Catástrofe, el inciso 3 del artículo era perfecto para realizar la operación por esa vía.
Hasta ese momento, de acuerdo a las invitaciones por correo electrónico que quedaron alojadas en los registros de Mercado Público, solo dos empresas habían sido invitadas a cotizar por 11.675 cajas, con dos presupuestos que consumían la totalidad del Fondo Regional de Emergencia destinado a alimentación: las productoras de eventos DID Sonido y V Y L Deportes Limitada, cuyo nombre de fantasía en el Servicio de Impuestos Internos figura como “VIGOR Producciones”.
De acuerdo a los mismos registros de Mercado Público, el martes 19 de mayo es invitada a participar al Trato Directo de las cajas de alimentos la chef del restaurante Punto Buffets, Lorena Barrientos Ramírez, quien a esa fecha contaba con un historial de prestaciones a organizaciones del Estado basado en servicios menores de cafetería y alimentación, todos ellos a partir de mayo de 2018, dos meses después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera.
En los dos primeros meses del año 2020 Barrientos registró ventas totales a organismos del Estado por $2.080.068. En enero, su facturación en Mercado Público fue de $875.573, mientras que en febrero llegó a $1.215.113., lo que corresponde a sus ventas promedio del último tiempo, algo superiores a sus modestos inicios en la plataforma de compras públicas, en 2018.
Las ventas de la cocinera a organismos del Estado se detendrían completamente a partir del 28 de febrero y las retomaría ya entrada la crisis sanitaria, el día 13 de mayo, cuando Lorena Barrientos da un impresionante “palo al gato” en Mercado Público.
Los Bolivianos y el Coronavirus
Pese a seguir siendo la chef de un pequeño restaurante que hoy sobrevive la crisis sanitaria
haciendo entregas a domicilio, la mujer obtiene su primer gran negocio con el Estado debido al coronavirus. La llegada de 655 bolivianos desde Providencia, tras un acuerdo entre las cancillerías de Chile y Bolivia, generó un problema de alimentación que alguien debía resolver a los refugiados que quedaron instalados en el Liceo Bernardo O’Higgins.
Y así, sin mayores espaldas financieras y de la noche a la mañana, Lorena Barrientos asumía un contrato por $53.579.750., transacción que fue autorizada por el mismísimo subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ante la petición del Intendente Miguel Ángel Quezada.
La orden de compra por la alimentación a los bolivianos se emitiría recién el 13 de mayo, cinco días antes que dejaran la ciudad de Iquique y varios días después de la cotización que la chef envió a la Intendencia, el día 4 de mayo, período en que estuvo entregando el servicio de desayuno, almuerzo y cena.
El 25 de mayo 2020, Lorena Barrientos recibiría una nueva invitación de la Intendencia Regional de Tarapacá a través de Mercado Público, esta vez para cotizar la producción de entre 7.500 a 8.500 cajas de alimentos para distribuir en las comunidades de la región, lo que ya eran palabras mayores en recursos económicos, producción y logística.
El ingreso de Barrientos al proceso significó readecuar la cantidad de cajas asignada a cada una de las tres empresas, reduciendo las cotizadas inicialmente a DID Sonido y a VIGOR Producciones. Ahora habían tres cotizantes para el trato directo, pese a que, de todas formas, se trataba de tres órdenes de compra distintas.
Las cotizaciones y negocio cerrado
Pese a que el jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional de Tarapacá, Jhonny Muñoz Cancino, había enviado la última solicitud de cotización el 25 de mayo (a la chef Lorena Barrientos), una 
semana antes, el 19 de mayo, el Intendente de la Región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, firma y emite la Resolución 1/20, mediante la cual deja a firme “el trato directo por emergencia, urgencia o imprevisto” para adquirir 23.113 cajas de alimentos.
En esa resolución, que también firma el abogado de la Intendencia, Sergio Tunesi Muñoz, la máxima autoridad de Tarapacá adjudica la compra de las canastas familiares a dos empresas y a una persona natural, por un monto total que asciende a $1.190.877.164.-, es decir, la cifra exacta que el Consejo Regional había entregado el 31 de marzo para las ayudas alimentarias.
De ese total, a la modesta chef Lorena Barrientos, sin mayores espaldas financieras ni logísticas, le eran asignados más de 391 millones de pesos.
De acuerdo a la resolución, al día de hoy debían estar entregadas 7.510 cajas, en tanto que este domingo deberán estar entre los habitantes 6.300 más, restando desde esa jornada la entrega de otras 9.163 cajas de alimentos financiadas con los recursos del 5% del Fondo Regional de Seguridad, las que deberían distribuirse los días 27 y 30 de junio.
Tema aparte a estas alturas es el proceso que se está llevando adelante con las otras 20 mil cajas que son financiadas con el 6% de los recursos de los Fondos Concursables del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), dineros que también aportó el Consejo Regional y que han sido entregados por el Gobierno de Tarapacá a organizaciones sociales las cuales, a su vez, han contratado a otras empresas productoras para hacerse cargo de comprar canastas de alimentos y de distribuirlas.
De acuerdo a algunos proveedores que están participando en ese proceso y que fueron consultados por este medio, la adquisición de productos se ha hecho tremendamente dificultosa en la región, ya sea por escasez de algunos alimentos o por la negativa de los comercios locales a entregarles la enorme cantidad de mercadería que se requiere para la operación, razón por la cual han debido recurrir a proveedores de Santiago, incumpliendo así la promesa que hizo el gobierno de reactivar el comercio local, mediante el flujo de recursos financieros frescos a la deprimida economía regional.
REVISA LAS ÓRDENES DE COMPRA
?La compra vía trato directo por alrededor de 900 millones en @IntendenciaXV ha sido representada y calificada como irregular. Esto, busca que inclusive en tiempos de pandemia se cuiden los recursos públicos, manteniendo la continuidad de la entrega de beneficios sociales y + pic.twitter.com/p0xE5N2e5G
— Contraloría (@Contraloriacl) June 16, 2020
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/06/16/989268/Contraloria-Sumario-Arica.html
