La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por la Asociación Gremial de Comerciantes Establecidos de Arica y ordenó a las autoridades municipales, regionales, policiales, tributarias y servicios pertinentes, implementar en un plazo de 60 días, las coordinaciones necesarias para erradicar el comercio ilegal que se ha instalado en la calle General Velásquez, entre Chacabuco y 18 de Septiembre, de la ciudad.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Adelita Ravanales, Mario Carroza y el abogado integrante Pedro Pierry– consideró que los puestos ilegales que copan la vía pública afectan el derecho a ejercer libremente su actividad económica a los comerciantes establecidos legalmente en el denominado “Barrio 7 de Junio”.
En el fallo de la Corte señala que la situación que aqueja a los comerciantes del comercial no sólo involucra la actuación del municipio ariqueño, sino también el ejercicio de una adecuada fiscalización en materias de salubridad, tributarias y de resguardo del orden público, siendo especialmente necesaria, para esta última, el auxilio de la fuerza pública.
Explica además que si bien el municipio cuenta con facultades para declarar la ocupación ilegal de un bien nacional de uso público o el ejercicio del comercio sin contar con los permisos respectivos, un eventual desalojo, requiere también de la actuación de otros servicios.
Para el máximo tribunal, el problema que aqueja a los comerciantes establecidos de calle 7 de Junio se debe a la falta de acción del municipio, “que ha favorecido la instalación de comerciantes sin permiso en las afueras de sus locales, viéndose impedidos de abrir sus locales, sufriendo un trato violento, focos de insalubridad y acumulación de basura, además de dificultarse el tránsito en la referida arteria, circunstancias que ciertamente tienen una influencia negativa en su volumen de ventas”.
