Cientos de miles de armas de fuego con inscripción vigente a nombre de civiles fallecidos, con antecedentes penales o incluso menores de edad, fueron algunas de las irregularidades detectadas por una auditoría de la Contraloría General de la República a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).
La fiscalización analizó los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas en la entidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
De acuerdo al informe, del total de armas vigentes inscritas al 31 de diciembre de 2018, 132.921 personas fallecidas figuran en los registros con 182.898 inscripciones vigentes de armas.
Además, detectó que hay 22.987 casos de civiles con antecedentes penales que mantienen armas vigentes y hay 1.714 personas “no reúnen la idoneidad requerida” debido a que poseen antecedentes por violencia intrafamiliar.
Asimismo, también se reveló que existen 1.083 armas de fuego inscritas por civiles que a la fecha del referido proceso eran menores de edad
Desde el Gobierno atribuyeron esta situación a una falta de facultades de que tiene el Estado para fiscalizar el control de armas, por lo que insistió en la necesidad de aprobar la nueva ley sobre la materia.
“La ley de armas está en el Senado, la estamos empujando, estamos trabajando con ellos para poder determinar ahí una legislación moderna y avanzar en esta materia”, apuntó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
“Lo digo porque ahí van a estar también los requisitos que debe tener una persona para poder inscribir un arma. Hoy lamentablemente si esta situación está ocurriendo es porque hay una legislación que es débil en ese aspecto“, agregó el titular del Interior.
