La comisión que investiga las estrategias implementadas por el Gobierno para enfrentar criminalidad en el norte del país, recibió a la ministra del Interior, Carolina Tohá. En su presentación detalló el estado de situación en este territorio y las medidas adoptadas para resguardar a las comunidades.
En el diagnóstico, explicó que la Macrozona Norte ha tenido índices más elevados que el resto del país, en delitos de mayor connotación social. Esto, junto a un preocupante aumento de la tasa de homicidios, que supera casi en dos puntos a la cifra nacional.
Frente a ello, explicó en detalle las medidas que tomó el Gobierno tanto a nivel nacional, como en específico para el extremo norte. Esto incluye la Política Nacional contra el Crimen Organizado, inversiones para las instituciones, fortalecimiento de fronteras y agenda legislativa, entre otros.
Macrozona norte
En cuanto a las medidas para la Macrozona Norte, Tohá destacó la creación del comité asesor interministerial de carácter permanente. Esto contempla la visita de subsecretarios a la zona para dar profundidad y agilidad a las gestiones de determinen en conjunto con el trabajo de las autoridades locales.
“Es para ponerle un espaldarazo especial desde el nivel central a la zona norte”, explicó la ministra.
Por otro lado, detalló las medidas de fortalecimiento de las policías en cada una de las regiones de la Macrozona Norte, junto a las que han permitido recuperar espacios públicos. Todo esto, con el detalle de los recursos asignados a cada objetivo.
Específicamente, comentó que para el “Plan Nuestro Norte” fueron destinados más de 12 mil 500 millones de pesos en el presupuesto 2022. Sin embargo, explicó que ha sido complejo alcanzar su ejecución, debido a que los programas se incluyeron por la vía de compras habituales. Si bien los recursos ya fueron transferidos a las instituciones, aún existen muchos procesos de licitación que se encuentren en curso.
Además, la ministra sostuvo que existen muchos procedimientos administrativos que se están tratando de agilizar, pero que implica cambiar un modelo de trabajo entre las diferentes instituciones que participan del proceso.
Sobre este punto, puso como ejemplo, que en la actualidad existen cerca de 20 mil órdenes de expulsión que no han podido concretarse. Las razones apuntan no solamente a la lentitud del proceso administrativo, sino también a las dificultades de tener respuestas de los países de origen. Aquí el principal conflicto es con Venezuela, que es precisamente, de donde provienen la mayoría de los expulsados.
En esta materia, la ministra destacó que la solución de estos conflictos no pasa solamente por las gestiones que realice el gobierno, por lo que es necesario tomar acciones en conjunto con otros países de la zona.