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Candidata al Consejo Constitucional por el PDG fue condenada por tráfico de cocaína y partido le quitó apoyo político

Karla Añes, militante del Partido de la Gente, se mantuvo en prisión hasta octubre de 2016, año donde cumplió su condena efectiva.

El Partido de la Gente le quitó el apoyo político a Karla Angélica Añes Gajardo, candidata al Consejo Constitucional por la Región de Arica y Parinacota y le atribuyó “mala fe” por no haber informado que había sido condenada dos veces y estado presa por tráfico de drogas, hechos que se conocieron públicamente recién hoy, a tres días de la elección.

Karla Añes cometió delitos en 2009 y 2010, y por este segundo caso estuvo cinco años y un día de cárcel, hasta 2016, tras haber sido detenida en un terminal de buses santiaguino con casi 600 gramos de clorhidrato de cocaína; la pena incluía las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

El Partido de la Gente (PDG) a través de un comunicado informó que desistió de apoyar a la candidata Karla Añes, quien fue condenada por tráfico de drogas en 2011.

La colectividad dijo que “en relación con Karla Añes, en el registro general de condenas, hasta el 3 de mayo de 2023, no registra información vigente, cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales para ser candidata. Por lo mismo Servel aceptó su candidatura”.

“Si bien estamos de acuerdo con defender el derecho de la reinserción, por conocimiento público y de acuerdo con los antecedentes recopilados, como equipo nacional decidimos desistir de apoyar la candidatura de Karla Añes al Consejo Constitucional, debido a la omisión de su condición previa”, dijo el PDG.

Desde el partido señalaron que “no queremos que este episodio ensucie la tremenda labor que han realizado los demás 61 candidatos a nivel nacional”.

Servel responde

Durante una actividad oficial, la prensa consultó al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, sobre la situación.

“Esta persona fue condenada a un delito de pena efectiva. A nosotros se nos notificó esa situación (…), pero de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplida su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía y se nos identificó ese cumplimiento de la pena y la recuperación de su ciudadanía en el año 2017, el 31 de mayo si no me equivoco, por el Registro Civil. Por tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio”, contestó.

“Requiero recordar que el artículo 13 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular, que es lo que ella ha hecho en este momento”, indicó.

En ese sentido, Tagle comentó que “cuando el Servel publicó las inscripciones de candidaturas, cualquier elector tenía el derecho de reclamar en un cierto plazo ante el Tribunal Calificador, eso no sucedió. Por consiguiente, es una candidatura ejecutoriada y si sale electa, le corresponderá al Tricel proclamarla para el cargo”.

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