En la tarde de este lunes, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la crisis de las isapres y a los proyectos presentados, tanto por el Ejecutivo como la oposición, para dar cumplimiento al fallo de la restitución de los US$1.400 millones por cobros excesivos por parte de las isapres.
La representante del máximo órgano jurisdiccional señaló que “el pleno de la Corte Suprema ha revisado los proyectos que se han solicitado, siendo uno de ellos, el proyecto de Ley Corta de Isapres, y el otro, la propuesta de Reforma Constitucional, que se ha hecho por cinco senadores”.
Al respecto, Vivanco expresó que tras las “consultas generales que hacen los senadores en distintas entidades” y tras revisar el texto de la consulta como del proyecto “se ha concluido que se trata de una consulta en una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial”.
En este sentido, la vocera explicó que “el proyecto no contiene ni atribuciones, ni referencias a las competencias del Poder Judicial, sino que se refiere a otros aspectos. Además, no se hace mención en la solicitud del artículo 77 de la constitución política, que es la que habilita la Corte Suprema para pronunciarse y tampoco contiene disposiciones que refieran ese artículo 77 que hubieran justificado informar”, por lo que han decidido “omitir un pronunciamiento” dado que no tienen las competencias para pronunciarse al respecto.
En segundo lugar, respecto del proyecto de Ley Corta de isapres, la ministra mencionó que “es un proyecto amplio que tiene referencias al fallo de las isapres y otras materias”, por lo que la Corte Suprema “ha decidido solamente informar lo relativo al artículo noveno del proyecto, que alude a las competencias del Poder Judicial y a las atribuciones que se les da a los Tribunales de Justicia”.
Al ser consultada por el fallo de la restitución de los US$1.400 millones por cobros excesivos por parte de las isapres, la vocera del máximo tribunal enfatizó que “el fallo es previo a cualquier proyecto”, pues se dictó hace seis meses y tiene su forma de cumplimiento, incluso “se ha dado una prórroga y existe la mejor disposición de la Corte en aclarar y precisar lo que sea necesario. Esperamos que el fallo se cumpla”.