El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva para los tres funcionarios de la Municipalidad de la comuna, formalizados por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos por más de $180 millones, durante los años 2014-2016. Además, el magistrado fijó en 150 días de plazo de investigación.
Se trata de una investigación por transferencias a cuentas bancarias de trabajadores que no prestaban servicios en el edificio consistorial y que involucra al exjefe Finanzas, Rubén Rivera Tudela, Lorena Segovia Marín que se desempeñaba hasta el momento de la detención en el Juzgado de Policía Local y fue exjefa de Personal, y el funcionario y exdirector de Finanzas del Municipio, Francisco Lizana Catalán.
Durante la instancia, el juez de Garantía Víctor Sanhueza declaró como legal la detención de todos quienes fueron aprehendidos en un operativo por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, ayer martes, en el Edificio Municipal
de la comuna.
En la jornada, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, debido al carácter reiterado de los delitos mencionados, ya que los tres acusados contaban con un conocimiento superior para generar inteligentemente una manera de sustraer dineros municipales.
A la solicitud hecha por el persecutor, se sumaron los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Dirección Jurídica del Municipio de Alto Hospicio y el querellante particular Enzo Morales.
Los hechos
La fiscal jefa de Alto Hospicio, Virginia Aravena, detalló en la instancia que se dio por acreditado que se crearon 10 cuentas primas donde se derivaron dineros municipales de manera irregular, haciendo uso del Convenio vigente con el Banco BCI y la Municipalidad. Asimismo, señaló que luego de la apertura de las cuentas, se procedió al retiro de las tarjetas en la sucursal bancaria y posteriormente realizar el egreso del dinero fiscal en cajeros automáticos.
Luego de crear estas cuentas sin la respectiva firma de contratos de quienes serían los usuarios y basado en un convenio vigente desde el 2008 con el banco emisor para el pago de remuneraciones, las cuales no contaban con decreto alcaldicio de pago y que fueron cargados, autorizados y firmados con una única clave de acceso al portal de empresas para después utilizar la clave y multipass personal de Lizana.
En ese sentido, el Ministerio Público comprobó que, a pesar de las dificultades puestas por el Banco para poder investigar y solicitar antecedentes, se hicieron 118 traspasos autorizados por Lizana Catalán desde la cuenta del Municipio de Alto Hospicio a las cuentas bancarias falsas de los trabajadores inexistentes por cerca de $186 millones.
Con las tarjetas y cuentas asociadas a las cuentas ficticias, los imputados retiraban dinero de cajeros automáticos de Alto Hospicio e Iquique, logrando realizar 435 giros por el máximo permitido. También fue posible determinar que en marzo de 2015, Lizana realizó una transferencia desde la cuenta municipal a una exfuncionaria del municipio un monto de más de un millón de pesos, a quien Lorena Segovia contactó e indicó que había sido un error, pidiéndole retirar todo el dinero, recibiéndolo por mano.
Durante la audiencia de formalización, Aravena relató que el imputado por el delito de lavado de activos, Rubén Rivera, comenzó a comprar al menos 5 propiedades en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, chequeadas con el Conservador de Bienes Raíces de Tarapacá. Es más, compró un departamento en el Edificio Punta Cavancha, sector exclusivo de Península en Iquique, por más de $38 millones en efectivo.
Además de acreditar diversos testimonios que permitieron establecer que prestaba dinero sin respaldo y traspaso de bienes inmuebles, las propiedades y un vehículo inscrito a nombre de su esposa.
Atentado contra la paz y orden social
Por su parte, el juez Víctor Sanhueza resolvió que la naturaleza de los delitos atribuidos a los imputados, además de la forma de cometer estas incivilidades y en base a su calidad de funcionario público, fue tomada en cuenta por el Tribunal, sobre todo el patrimonio sustraído a una comuna con múltiples necesidades.
En ese sentido, el magistrado señaló que “los imputados enfrentan cargos por delitos que “son extremadamente relevantes y uno de los principales bienes jurídicos lesionados ha sido la probidad pública, lo que aparece de extremada relevancia para el tribunal”.
“Teniendo en consideración que la pena establecida por el legislador es de crimen y que la pena probable a imponer es de crimen, se cumple el criterio de peligrosidad, pero más que aquello y sobre todo el delito en sí mismo, indicó.
En ese sentido, el juez añadió que “hoy los delitos de corrupción se alzan como los delitos que de mayor forma atentan contra el orden social y contra la paz general que necesita cualquier nación, así las cosas la peligrosidad viene dada porque es un delito que atenta contra la fe pública y desde ese punto de vista, extremadamente peligroso, por ello derechamente el tribunal impondrá la prisión preventiva de los tres imputados, estimando que se cumplen todos los criterios que establece el legislador en el Código Procesal Penal”.
