El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública.
En primera instancia, la Sala despachó por 38 votos a favor y cinco abstenciones todas las normas unánimes que no fueron objeto de indicaciones ni votaciones separadas. Posteriormente, los parlamentarios se pronunciaron sobre las solicitudes de votación separada, las normas con votación dividida, así como la norma transitoria, las que también se aprobaron por mayoría.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que este ministerio debiera actuar como ente rector y articulador. También dio cuenta que dentro de la nueva estructura se generó también una figura de un comisionado o comisionada de seguridad en cada región.
Por su parte, el senador Felipe Kast, presidente de la Comisión de Seguridad Pública entregó un detallado informe sobre el texto que apunta a entregar al nuevo Ministerio de Seguridad, las funciones de seguridad y orden público, dejando a la cartera del Interior las competencias del gobierno interior.
En su mayoría, los legisladores y legisladoras valoraron la iniciativa que es parte de la agenda de seguridad que prioriza el trámite y despacho de los proyectos que permitirán combatir el crimen organizado y la delincuencia.
Además, señalaron su esperanza de que “éste sea un primer paso para avanzar en un ministerio que concentre todas las agencias, tales como, ANI, Ciberseguridad y otras, con el fin de permitir una mejor interoperatibilidad y gobernanza digital”.
Durante el debate, los parlamentarios afirmaron que “si bien ésta no es una solución mágica sí es una ayuda importante”, haciendo énfasis en la necesidad de que vaya acompañada de “una buena gestión, seria y responsable, buscando siempre el profesionalismo”.
Por otro lado, junto con apoyar esta “nueva institucionalidad que constituye un hito, tras largos años de discusión” manifestaron su esperanza de que las regiones también cuenten con “una estructura potente que facilite la acción” y que no existan eventuales colisiones de funciones de los futuros comisionados y comisionadas con los delegados y gobernadores en las regiones. En la misma línea, hicieron énfasis en la necesidad de dar protección jurídica suficiente para garantizar la correcta gestión de las nuevas autoridades.
