El Tribunal Constitucional aprobó sin cambios el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales, desestimando los escritos presentados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y legisladores.
El análisis de todos los aspectos del proyecto se consideró constitucional, sin la necesidad de modificar el texto. La última revisión pendiente se centró en la extinción de la personalidad jurídica de ciertas entidades en caso de crímenes agravados o reiteración delictiva.
En la votación sobre esta norma, seis ministros la declararon constitucional, con la excepción de las universidades estatales. Sin embargo, otros dos magistrados la consideraron inconstitucional.
Las objeciones presentadas por la CPC no fueron analizadas debido a que no eran parte legítima del proceso, aunque sí fueron agregadas al expediente. En cuanto a los parlamentarios, se determinó que sus objeciones no eran relevantes para el tema tratado.
Una vez que se publique la sentencia, la ley estará lista para ser promulgada en los mismos términos en los que fue aprobada por el Congreso, después del veto presentado por el Ejecutivo.
Es importante mencionar que las críticas del mundo empresarial se relacionaban con la instalación de un estándar jurídico diferente para directivos y gerentes de empresas en comparación con el resto de los ciudadanos, además de la creación de “figuras delictivas difusas” en esta materia.
