El Juzgado de Garantía de Iquique decidió no acoger la solicitud de sobreseimiento presentada por el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre, y el ex secretario general de la Corporación de Desarrollo Municipal, Álvaro Jorquera Tapia. La querella presentada por el concejal Eduardo Mamani Challapa acusó a ambos funcionarios de estar involucrados en presuntos delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, tras denunciar la transferencia irregular de fondos públicos a cuentas bancarias.
El juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación penal, lo que significa que el proceso seguirá su curso y se buscará esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades.
Cabe destacar que en el transcurso de la audiencia la empresa “Silva y Solorza Limitada”, también involucrada en el caso, ha realizado un inusual acto de reintegro los $50 millones al municipio de Pozo Almonte. Este gesto, según los querellantes, puede ser visto como un reconocimiento implícito de los hechos denunciados por el concejal Mamani y podría tener implicaciones significativas en el desarrollo de la investigación.
Enzo Morales, abogado representante del concejal Mamani, ha enfatizado la importancia de que el Ministerio Público continúe con la investigación y se establezcan las responsabilidades de todos los implicados en este caso.
El tribunal deberá determinar la responsabilidad de Álvaro Jorquera Tapia, quien fue secretario general en la Corporación de Desarrollo Municipal al momento de los hechos, y que actualmente ejerce un cargo de exclusiva confianza del gobernador regional en la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá.
El caso también involucra a la empresa “Silva y Solorza”, que fue adjudicada por Cormudespa para llevar a cabo la reparación de la Escuela de Pintados. Según la denuncia presentada por el concejal Mamani, el jefe de operaciones de Cormudespa, Jonathan Flores, quien es cuñado del alcalde, recibió una factura exenta de pago parcial por $50 millones de la mencionada empresa. Posteriormente, “Silva y Solorza” cedió la factura a “BCI Factoring” para obtener dinero en efectivo.
Días después, según los querellantes, el cuñado del alcalde habría realizado gestiones dentro de Cormudespa para pagar nuevamente por el mismo avance, monto y obra, presentando otra factura por la misma suma de $50 millones, a pesar de que el avance ya había sido cancelado previamente.
Este accionar habría generado un perjuicio fiscal de $100 millones debido al pago doble por un mismo trabajo. Los representantes de Cormudespa, no acudieron a tribunales a defender el patrimonio y perdieron el juicio, resultando en la sentencia definitiva que ordenó el pago nuevamente de los $50 millones.
La querella presentada también alcanza a otros funcionarios como Jonathan Flores, director de Servicios Generales de Cormudespa; el actual secretario general de Cormudespa, Manuel Morales; los abogados Simón Alarcón y Leandro Olivares y la abogada Ahilyn Veliz. Además, el gerente general de la Sociedad Silva y Solorza, Julio Silva, también figura entre los querellados.
De acuerdo con los querellantes, los imputados tendrían la calidad de autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, fraude a subvenciones municipales, prevaricación de abogado y administración desleal en perjuicio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte.
