El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), de la región de O’Higgins interpuso una querella en contra del exjefe del Serviu de la región Manuel Alfaro Goldberg (Evópoli), durante el gobierno de Sebastián Piñera y contra el arquitecto Gustavo Villalobos Rodríguez.
Esto por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencia y prevaricación administrativa en el marco de la creación, en 2021, de un convenio con la Fundación Arquiduc, de la cual este último era parte.
La fundación, ligada al mundo de la educación, se adjudicó dos contratos vía trato directo, siendo uno de esto por $56.390.000 y otro por $65.412.032. Además, los contratos se concretaron para realizar trabajos en las comunas Mostazal, Machalí, Rancagua, San Fernando y Peralillo, cuyas obras se enmarcaban en el Programa 100+100 del Ministerio de Vivienda, que dirigía Ward.
Según explican desde Minvu, el convenio había sido firmado por el exjefe del Serviu de Vivienda, Manuel Alfaro (Evópoli), y Carlos Acuña Arévalo (RN), presidente de la fundación Arquiduc y excandidato a alcalde de Pichilemu, de la cual era miembro del directorio Gustavo Villalobos, que paralelamente era asesor de Alfaro en su gabinete.
La querella indica que “los convenios se encuentran incumplidos por parte de la Fundación Arquiduc, quienes ya se encuentran en absoluta extemporaneidad para los efectos de dar cumplimiento oportuno, de tal manera que no sólo existe un incumplimiento que habilita a este SERVIU para exigir todas las acciones que franquea la ley para obtener las respectivas declaraciones judiciales con indemnización de perjuicios, sino que además existen situaciones que pugnan con la probidad administrativa, y que constituyen tipos penales necesarios de denuncia”.