El 2 de marzo de 2022, nueve días antes de que asumiera la presidencia de Chile Gabriel Boric, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo termina de tramitar un convenio de colaboración ratificado mediante la resolución exenta 322.
En el cuerpo del documento se describen los objetivos ministeriales respecto de la recuperación de espacios urbanos, tanto para personas vulnerables como de clase media, y para lo cual el organismo estatal tiene implementado el programa de recuperación “Quiero mi Barrio”.
El segundo objetivo del convenio, según se lee en el documento, sería disminuir las brechas que puedan ser detectadas en los barrios atendidos por el programa, mediante actividades y proyectos que “podrán formalizarse mediante la suscripción de convenios específicos (al) amparo de este convenio de colaboración”.
La resolución es el paso final de un proceso que se había iniciado dos meses antes, el 6 de enero de 2022, cuando el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward (UDI), otrora diputado por Antofagasta durante tres periodos legislativos a partir del año 2006, firma el convenio con la representante legal de la Fundación EnRed Social, organización sin fines de lucro que a partir de ese momento asumía la tarea de “desarrollo del Programa Recuperación ‘Quiero mi Barrio’”.
Hoy, a más de dos años y medio de tramitada la Resolución 322, la Fiscalía Nacional se encuentra investigando los Casos Convenios desde cuatro áreas de responsabilidad en todo el país, dependiendo del origen de los recursos entregados a las organizaciones no gubernamentales o fundaciones. Estas aristas son los gobiernos regionales, los contratos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta y del Ministerio de las Culturas y el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.
Se trata de 53 fundaciones investigadas en once regiones, de la cuales dos recibieron recursos desde la seremi de Vivienda de la región de Tarapacá: la organización no gubernamental (ONG) Enlace Urbano y la Fundación EnRed.
Esta última es una organización que formalizó su iniciación actividades tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos el 1 de septiembre de 2020, y cuya directora ejecutiva, de acuerdo al Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, es Carolina Andrea Pérez Fierro, trabajadora social y magíster en intervención social y pobreza de la Universidad Católica de Valparaíso.
Al día de hoy, la fundación EnRed aparece en el registro de colaboradores con un patrimonio de cero pesos, un capital de $1.000.000 y un estado de resultado de $787.528.
Según información a la que tuvo acceso Radio Paulina, Pérez Fierro no es una desconocida para algunos miembros de UDI, partido cuyo representante por Tarapacá en la Cámara es quien más ha insistido en investigar convenios en la región: el diputado Renzo Trisotti.
La representante legal de la Fundación EnRed Social, organización que tiene una sucursal satélite en Iquique, también fue, entre agosto de 2018 y septiembre de 2021, la gerenta general de Esperanza Previene, fundación cuya representante legal es Ana Luisa Jouanne Langlois, esposa del exsenador por Tarapacá Jaime Orpis, condenado por la justicia a 5 años y un día y a 600 días de presidio efectivo en su calidad de autor de seis delitos consumados de fraude al fisco y dos de cohecho, en el marco del Caso Corpesca. Cabe recordar que Orpis está en libertad condicional desde mayo de este año.
La Fundación EnRed comenzó a recibir transferencias del Estado en noviembre de 2021, un mes después de la llegada de Carolina Pérez, dos meses antes de la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cuatro antes de la resolución 322 con que se terminó de tramitar el acuerdo con la fundación. En aquel año, entre el 16 de noviembre y el 29 de diciembre, se firmaron seis convenios más en las regiones de Bío Bío, O’Higgins, Ñuble, Metropolitana y Coquimbo, por un total de 340 millones de pesos.
En la región de Tarapacá, el ministerio de Vivienda y Urbanismo terminaría traspasando a EnRed Social $1.060.619.263, por medio de siete convenios que aparecen firmados el 8 de agosto de 2022, por el entonces seremi de Vivienda y Urbanismo del actual gobierno, Francisco Javier Martínez Segovia, quien terminaría renunciando un mes más tarde, el 13 de septiembre, cinco meses después de asumir.
Al actual seremi de Vivienda de Tarapacá, Diego Rebolledo, también le correspondió firmar un convenio que está siendo investigado, del 5 de mayo de este año, bajo la resolución exenta 274, esta vez con la ONG Enlace Urbano. Y tal como los que firmó exseremi Martínez, hay un solo elemento en común: se trató de actualizaciones de convenios que ya venían ejecutándose, ya sea a través del Programa de Asentamientos Precarios o de Quiero Mi Barrio.
Según pudo averiguar Radio Paulina, tras los allanamientos e interrogatorios realizados tanto en la seremi de Vivienda y en el Serviu, en Iquique, como en las oficinas de ambas organizaciones, en Santiago, al viernes de la semana pasada la Fiscalía no había tomado declaración a una persona clave: la encargada del Programa de Asentamientos Precarios, a quien le correspondió visar técnicamente los convenios que firmaron las dos autoridades que han ocupado el cargo de seremis de Vivienda en el actual gobierno.
De acuerdo al punto 4 del convenio firmado este año entre el seremi Rebolledo y Enlace Urbano ONG, la encargada del programa es quien hace llegar el 30 de marzo el memorándum 17, donde expone la “necesidad de prorrogar” el convenio existente.
De acuerdo a lo indicado por el diputado por Tarapacá, Matías Ramírez (PC), la encargada de asentamientos precarios es Natalia Velásquez Rodríguez, hermana de quien ejerció funciones de jefe de gabinete de Carlos Prieto, el seremi de Vivienda durante el gobierno de Sebastián Piñera, periodo en que comenzaron las transferencias a Enlace Urbano.
La ONG -una organización que se constituyó el 9 de abril de 2021-, comenzó a recibir dineros públicos a partir del 29 de octubre de 2021, cuando la seremi de Vivienda de Tarapacá le asignó 103 millones de pesos. Un mes más tarde, el 30 de noviembre, accedió a 33 millones, para finalizar ese año 2021 sumando un último y tercer embolso, por 300 millones más.
Hasta hoy, el registro de proveedores del Estado indica que Enlace Urbano ONG, rut 65.200.569-1, reporta un patrimonio y capital por… cero pesos.
De acuerdo con lo publicado en su página web, estos son los proyectos ejecutados por Enlace Urbano en la región de Tarapacá:
NOTA DEL EDITOR:
En el reportaje se menciona que la representante legal de la Fundación Esperanza Previene es Ana Luisa Jouanne Langlois, esposa del exsenador por Tarapacá Jaime Orpis. En rigor, la señora Jouanne es directora de la fundación.
