El Diario Oficial publicó la Ley Nº 21.595 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre delitos económicos, más conocida como ley contra delitos de cuello y corbata. La nueva normativa fue promulgada el pasado 7 de agosto por el presidente Gabriel Boric y endurece las penas contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.
Un objetivo clave de esta ley es combatir la impunidad económica. La ley introduce un tratamiento distinto de la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, reconociendo los daños sociales significativamente mayores que puede provocar la criminalidad económica.
El propósito central de esta normativa es prevenir la comisión de delitos económicos a través de imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas. Si las empresas adoptan adecuadamente las exigencias de esta ley, se debería reducir significativamente el número de infracciones de este tipo.
La publicación de esta ley es uno de los avances y cambios más importantes al sistema Penal, valorando de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales que provoca.
La ley contra delitos económicos y atentados contra el medioambiente crea cuatro categorías de delitos para determinar si estos deben o no ser considerados económicos. De esta manera, se establece si se debe o no hacer aplicable el sistema de penas que la ley propone.
Asimismo, se establece que determinados delitos deberán ser siempre considerados económicos, de acuerdo a su naturaleza, mientras otros tendrán esa calidad cuando sean realizados por determinadas personas bajo ciertas condiciones.
En caso de ser un delito considerado económico por esta ley, se deberá aplicar un estatuto especial de agravantes y atenuantes como la determinación de la multa y sustitución de penas.