Durante el jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado de la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, sostuvo una nueva reunión ampliada con los partidos políticos del oficialismo y la oposición, en el marco de las conversaciones para alcanzar un Pacto Fiscal. A la cita asistieron 20 representantes, entre diputados, senadores y asesores parlamentarios; excusándose solo los partidos Liberal y Radical. No hubo presencia ni de Republicanos ni de Acción Humanista.
En esta oportunidad, el tema central fue la modernización del Estado. La autoridad detalló las 20 propuestas de reforma en ese plano divididas en cuatro ejes: calidad y eficiencia del gasto, calidad de servicio e innovación, transparencia e integridad, y disciplina y responsabilidad fiscal. Además, se informó que se encargó un estudio técnico a la OCDE para cuantificar el espacio fiscal que podrían liberar estas medidas.
La subsecretaria Heidi Berner calificó la reunión como fructífera y destacó la buena recepción de las medidas, sobre todo respecto a la Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas que es parte de las propuestas.
“Se conversó respecto de los niveles de autonomía de esta agencia. Nosotros consideramos que debe ser parte del Ministerio Hacienda, pero con niveles de autonomía importantes, como los que tienen la Comisión para el Mercado Financiero o el Consejo de Defensa del Estado. Pero hubo bastante consenso en que es importante porque permite dar una mayor cobertura a las evaluaciones y no solo a la evaluación ex ante y ex post de programas como ocurre actualmente, sino para poder evaluar políticas e impacto regulatorio”, afirmó la subsecretaria.
Algunas medidas propuestas
En calidad y eficiencia del gasto destaca el fortalecimiento del sistema de evaluación, que integrará las miradas y análisis de la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, bajo la responsabilidad de una Agencia Nacional de Calidad de las Políticas Públicas. Por el lado de calidad de servicio e innovación, se plantea una plataforma integrada de servicios públicos digitales, cuyo fin es desarrollar un ecosistema digital que facilite la integración de servicios existentes, simplificando y mejorando la experiencia de los usuarios mediante diferentes componentes.
En tanto, en transparencia e integridad una de las principales propuestas es crear un registro de beneficiarios finales, que está actualmente en fase de diseño y plantea que sea administrado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en coordinación con otras instituciones del Estado que tengan interés en la información ahí contenida (Chilecompra, Unidad de Análisis Financiero y Ministerio Público) o puedan complementar con información relevante el registro, y contenga información sobre las personas beneficiarias finales de las personas jurídicas, los fondos de inversión y otras entidades sin personalidad jurídica.
Finalmente, en materia de disciplina y responsabilidad fiscal se destacó la presentación del proyecto de Responsabilidad Fiscal que propone una flexibilización de las reglas de acumulación del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), para facilitar la conducción óptima de la política fiscal en escenarios de shocks adversos. Además, se establece como principal objeto del FEES la estabilidad de las finanzas públicas y la provisión de bienes y servicios públicos ante cambios abruptos en el ciclo económico y eventos extraordinarios.
La subsecretaria Berner, también destacó el interés de los partidos por la batería de medidas para agilizar la inversión pública, algunas de las cuales se propuso comenzar a tratar en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto 2024.
En esa línea, sobre las iniciativas de transparencia e integridad explicó que “estamos recogiendo las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada, algunas de las cuales habíamos propuesto como parte del Pacto Fiscal, como por ejemplo tener una ley marco para las transferencias desde los distintos organismos del Estado, tanto a nivel regional como del gobierno central”.