Tren de Aragua | Fiscalía de Arica presenta recurso de protección tras resolución que obliga a entregar nombres de testigos protegidos

El fiscal Mario Carrera detalló que el recurso es para revertir la resolución del juez Héctor Barraza, quien acogió la solicitud de la defensa de los 44 imputados que pertenecen al brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.

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La Fiscalía de Arica y Parinacota presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección en favor de los testigos protegidos con identidad reservada que participaron en la investigación contra el clan Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua. 

Lo anterior, tras la resolución del Juzgado de Garantía de Arica que les ordenó revelar la identidad de 50 testigos con identidad reservada que declararon en la investigación contra la organización criminal. Se trata del listado completo de las personas que formaron parte de la investigación, ya sea como testigos de algunos de los múltiples delitos que se les imputan a la banda o como agentes encubiertos que se infiltraron en el cerro Chuño, sector que el clan de venezolano llegó a dominar en la ciudad de Arica.

El fiscal Mario Carrera detalló que el recurso es para revertir la resolución del juez Héctor Barraza, quien acogió la solicitud de la defensa de los 44 imputados que pertenecen al brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.

Carrera enfatizó que están “consternados por esta resolución, que va totalmente en contra de la protección que debemos dar como sistema a todos y cada uno de nuestros testigos y peritos que participan en las causas vinculadas, sobre todo delitos como el crimen organizado”.

Por su parte, la subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado, Tania Gajardo, manifestó que “es preocupante el tener que entregar este tipo de información, ya que tenemos el mandato constitucional de proteger a las víctimas, a los testigos, sobre todo en un procedimiento que está relacionado con crimen organizado, en donde hay grandes dificultades tanto para la investigación, son investigaciones complejas.

En este sentido, Gajardo enfatizó que deben resguardar “la seguridad de todos los operadores del sistema procesal penal y en esto, claro, es preocupante que estemos revelando este tipo de información que podría llegar a ser perjudicial para algunas personas”.