Parlamentarios del oficialismo se reunieron en la jornada del miércoles 20 de septiembre en La Moneda junto a la subsecretaria del Ministerio General de la Presidencia, Macarena Lobos, donde revisaron el proyecto de ley y el contenido del veto presidencial que ingresará la próxima semana a la iniciativa que sanciona ocupaciones legales.
Este proyecto de ley fue despachado el 30 de agosto de este año desde la sala del Senado con la aprobación de 35 votos a favor y 6 abstenciones. La iniciativa regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas, permite la legítima defensa de las víctimas e incorpora mecanismos de restitución.
El ejecutivo tiene hasta el 29 de septiembre para ingresar el veto presidencial, aunque en la práctica y producto de que el trabajo legislativo es de lunes a miércoles, deberá ser presentado entre el 25 al 27 de septiembre.
Posterior a la reunión realizada en La Moneda el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, señaló que “nos parece que esta ley atenta gravemente contra el estado de derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela, de justicia por la propia mano, a las personas que están siendo afectadas por las usurpaciones”.
“El veto espero que recoja los aspectos que nosotros hemos planteado como peligrosos para la vida y la integridad física de las personas”, agregó.
En la misma línea, el diputado socialista Leonardo Soto, manifestó que este proyecto fue aprobado con tres cláusulas muy tóxicas “son un verdadero retroceso para la idea compartida de gran parte del oficialismo y la oposición de fortalecer el derecho de propiedad, proteger a las personas que son privadas arbitrariamente de la tenencia de sus propiedades”.
Durante la jornada de esta reunión 150 organizaciones hicieron entrega de una carta donde manifiestan que es necesario aplicar un veto a la nueva legislación, ya que prohíbe la ocupación de establecimientos educaciones en el marco de las tomas o huelgas de los trabajadores.