La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculó a la diputada de Antofagasta, Catalina Pérez, suspendida actualmente del partido Revolución Democrática (RD), en un posible tráfico de influencias en el caso de Democracia Viva.
En un expediente de 60 páginas la parlamentaria aparece como una de las responsables en la entrega de $426 millones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ONG vinculada a RD.
“Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, indica el expediente del 19 de julio de la PDI.
En este sentido, los policías sostienen en el documento que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremi le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.
Abogado de Pérez descarta tráfico de influencias
El abogado de la diputada Catalina Pérez respondió tras conocerse el informe de la PDI en el marco de las indagatorias del Caso Convenios que la vincula con posible delito de tráfico de influencias.
A través de un comunicado, el defensor Gonzalo Medina descartó tráfico de influencias por parte de la parlamentaria en los traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
“No constituye sentencia alguna ni aporte ninguna prueba en relación con la diputada. Es un instrumento más para la investigación”, señaló el abogado.
Además, subrayó que dicho informe es un instrumento para la investigación y que su representada no ha sido acusada hasta la fecha. También, reiteró que la extimonel de RD ha dejado en claro en sus declaraciones que “jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo”.
Sobre la relación que tuvo con el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, el abogado remarcó que “es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación”.