En el pleno del Consejo Constitucional se discutió el capítulo II que hace referencia a “derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”. En el cual fue aprobada la norma que establece que una persona puede perder su ciudadanía por delitos cometidos por autoridades publicas o terrorismo.
El artículo 20 fue aprobado con 36 votos, de los cuales 3 son del oficialismo, 13 en contra y una abstención. En esta se manifiesta cuales son los motivos de la pérdida de ciudadanía, “por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista, y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas”.
“Así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”, agrega la norma.
Por otro lado, el Consejo Constitucional aprobó el capítulo 3 y parte del capítulo 4 de la nueva propuesta Constitucional. Las normas que establecen el financiamiento de los partidos políticos, esta afectaría directamente el financiamiento de estos que podría ser de origen nacional y no por personas distintas del Fisco.
Los integrantes oficialistas del Consejo Constituyente manifestaron que está decisión podría afectar en que las empresas tengan influencia sobre las agendas legislativas, a través del financiamiento.
Por otro lado fue aprobada la indicación que establece que los partidos políticos que “no respeten los principios básicos del régimen democrático, como el uso de la violencia, serán declarados inconstitucionales”.
En la misma línea, se aprobó que “solo los partidos políticos que alcancen, al menos, un 5% de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará para el partido que tenga escaños suficientes para sumar, como mínimo, ocho parlamentarios en el Congreso Nacional”.
Este próximo lunes 25 de septiembre se votará en el pleno constituyente la norma que busca reducir la cantidad de diputados en la cámara, de 155 parlamentarios a 138.